Cuba alivia regulaciones a agricultores independientes

Los agricultores cubanos ganaron una ronda en su lucha con el Estado luego que el gobierno les concedió el fin de semana más poder de decisión sobre lo que producen y lo que hacen con sus ganancias.
El parlamento cubano cambió las regulaciones sobre las cooperativas agrícolas, el sector privado más amplio de la isla caribeña en un país en el cual el estado controla el 90 por ciento de la economía y es dueño del 85 % de la tierra.
El proyecto de ley, entre otras reformas, le permite a las 1,116 cooperativas agrícolas privadas de Cuba distribuir 70 % de las ganancias entre los 65,000 agricultores miembros, comparado con 50 % en el pasado.
El gobierno del presidente Fidel Castro, fuertemente presionado durante más de una década por alimentar a la población después del colapso de su aliado, la Unión Soviética, dividió las enormes granjas en unidades más pequeñas, abrió mercados privados de alimentos e introdujo otras reformas para aumentar la producción.
El consumo per cápita de calorías y proteínas en la década de 1990 en Cuba cayó por debajo de los mínimos establecidos por las Naciones Unidas. El país alcanzó ese estándar hace pocos años, según el gobierno, en parte al comprar 750 millones de dólares en alimentos en el exterior.
“Este es un paso importante de avance. Va a estimular al hombre que trabaja”, dijo Evelio Cisneros, presidente de la cooperativa Amistad Cubano/Polaca de la provincia central de Camaguey. “Si el hombre se estimula, produce y esto estimula al hombre.
Sin dudas esto los hará trabajar cada vez mejor y tener una mejor preocupación para todas las cuestiones de la cooperativa”, agregó Cisneros en entrevista telefónica.
Las cooperativas agrícolas de Cuba y otras 200,000 familias de agricultores organizados en pequeñas asociaciones, recibieron créditos y servicios del gobierno a cambio del aumento de ciertos cultivos y entrega al estado de alrededor del 80 % de lo que producen por debajo de los precios del mercado.
Los agricultores se han quejado por años que las excesivas regulaciones del gobierno limitan la producción. El gobierno por su parte señala que las regulaciones aseguran que el sector privado no se enriquezca de los trabajadores y que cumpla con su deber de alimentar a toda la sociedad a precios razonables a cambio de varios beneficios sociales.