Denuncian extorsión comercial con herramientas de transparencia

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), la Empresa de Transmisión Eléctrica y CONADES fueron alertados de una estructura que supuestamente se dedica a la extorsión comercial, utilizando normas de transparencias vigentes.

El pasado 25 de enero, estas entidades recibieron una notificación con algunos detalles que exponen a esta estrategia que se ha venido utilizando para sacar a empresas de la competencia en licitaciones públicas, precisamente en ETESA y CONADES.

La denuncia recibida por estas entidades señala que "desde el año pasado venimos dándole seguimiento a una estructura de empresas que se refugian irregularmente en algunas herramientas de transparencia para realizar un tipo de espionaje comercial contra proveedores de varias instituciones públicas. Un tema peligroso y dañino que ustedes como autoridades deberían poner bajo la lupa e investigar ya que raya en otros posibles delitos como el de extorsión y difamación ilegal".

En la acusación se reporta una denuncia que recibió la ANTAI el pasado 20 de diciembre por parte de Ana Váldez, donde ella pidió que se interviniera en una solicitud de acceso a la información interpuesta ante ETESA y su gerente Carlos Mosquera.

Váldez solo pidió el listado de empresas que han participado en los procedimientos de selección de contratista y las empresas seleccionadas bajo competencia de la Ley N. 176 de noviembre de 2020 en el periodo comprendido entre diciembre 2020 a octubre de 2021, algo que según la denuncia es sospechoso.

Sostienen que otra prueba de estos indicios es que el 17 de noviembre del año pasado, el señor Paulo González interpuso un recurso del mismo tenor dirigido a CONADES con copia a ANTAI, Dirección General de Contrataciones Públicas y la Procuraduría de la Administración, pidiendo información del status de 4 contratos específicos. González utiliza los mismos argumentos legales de acceso a la información y advertencia sobre los funcionarios que se nieguen a dar este tipo de información, advierte el recurso.

Se afirma que en las solicitudes escritas por Váldez y González, ambos ponen un dato de ubicación de los delataría en su actuar a favor de un mismo económico. Ambos, Váldez y González proporcionaron como suyo el mismo número telefónico: 6489 8068.'

En términos comerciales, los cierres de negocios alcanzaron a US$ 1.262 millones, representando un crecimiento de 23% respecto de 2020. Durante el 2021 destaca el mayor dinamismo de las operaciones de Chile, Brasil y otros países de América Latina (OPLA), con crecimientos del 29.4%, 16.5% y 24.3%, respectivamente. El pipeline de oportunidades llegó a $4.509 millones.

El Gerente General de SONDA en Panamá, Victor Betancourt, se refiere sobre estos resultados indicando que "el crecimiento es producto del foco en el conocimiento y tecnologías que transforma el negocio de nuestros clientes"; además señala que Panamá, parte de la región OPLA dentro de SONDA, es importante en estos resultados y nos motiva a seguir impulsando soluciones.

Es decir, ello podría conducir que ambos tienen conexión y que son parte de un trabajo de chantaje comercial y presión ilegal contra los funcionarios públicos, dice textualmente la denuncia recibida por ANTAI, CONADES Y ETESA.

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Adicional a esto, reportamos que línea 6489 8068 se encontraba apagada las varias veces que intentamos contactar tanto a Váldez como González, un punto de irrespeto a ustedes como autoridades que actúan de buena fe ante la solicitud al intencionada, añade la denuncia.

Las posibles irregularidades no quedan allí, según el documento recibido en ANTAI. También se pidió investigar que la primera respuesta que ETESA dio por escrito a Váldez curiosamente fue retirada en las oficinas centrales de esta entidad por un funcionario público del Ministerio de Economía y Finanzas. "Se trata de Anselmo Rudas Fanilla, reportado como funcionario permanente del Ministerio de Economía y Finanzas con el cargo de agente de seguridad y salario de 700 dólares".

"Por ello, instamos a la ANTAI a investigar pronunciarse si un funcionario público, en horas laborales, puede estar realizando diligencias privadas de este tipo. Ello requiere que el hecho también sea reportado al MEF, llevando como prueba el registro de retiro de documentos que tiene ETESA, para dar con la fecha exacta y la hora en que Rudas hizo la diligencia en horario laboral. Ello debería conllevar las sanciones correspondientes a nivel administrativo", sustentó la denuncia a la cual tuvo acceso este medio.

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