Desorden administrativo empañó obras sociales

En medio de una crisis económica y como resultado de un diálogo para reactivar la economía del país, se creó la Ley 20 del 7 de mayo de 2002. La idea era llevar a cabo proyectos de interés social que generarían nuevos empleos, por lo que se asignaron 200 millones de dólares del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) repartidos en diversas instituciones. Sin embargo, si se hace un balance del impacto de estos proyectos, la realidad indica un pobre resultado.
El Panamá América tuvo acceso al último informe sobre el desempeño del fondo al mes de agosto de este año, en el que se detalla una baja y lenta ejecución, obras que sobrepasaron su presupuesto y más de 40 millones de dólares que nunca se utilizaron.
Para empezar con el rosario del desorden administrativo, en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) no sólo se licitaron proyectos por el orden de los 79 millones de dólares, es decir, 9 millones más de lo permitido, sino que aún hay licitaciones que no se han ejecutado porque no tienen el dinero suficiente para sufragar sus gastos.
Al IDAAN se le adjudicaron 18 proyectos, pero solo se logró una ejecución del 45%.
Sin embargo, el área agropecuaria tuvo peor suerte. Aunque el agro es considerado el más sensible de los sectores, de los $40 millones designados para la implementación de programas de riesgo, no se concretó ningún plan. Es decir, las obras en el MIDA no pasaron de la etapa de estudios.
Por su parte, el ministerio de Obras públicas utilizó los 90 millones asignados para mejoras en carreteras, aunque las obras en su mayoría no están terminadas.
Pero el problema no termina aquí. El artículo 29 de la ley, estipula que el gobierno podría financiar obras de inversión mediante concesión administrativa en pago total con bienes revertidos administrado por la Autoridad de la Región interoceánica (ARI).
Entre los proyectos que se beneficiarían estaban, el saneamiento de la bahía, la autopista Panamá Colón, la ciudad gubernamental, nuevos proyectos de vivienda de interés social, y dotación de Internet a través de laboratorios para las escuelas.
Ninguno se llevó acabo porque no fue factible el uso de los terrenos como pago de una obra.
Es decir, que el gobierno no rentó ni vendió suficientes terrenos revertidos, para sufragar los planes que se tenían en mente.
Hasta la fecha no se sabe que pasará con los proyectos diseñados que nunca fueron ejecutados, pues la administración de Martín Torrijos no ha nombrado una nueva comisión fiscalizadora de la Ley 20.
El sistema de riego nunca se implementó. El Ministerio de Obras Públicas pidió apoyo al Banco de Interamericano de Desarrollo (BID) para concluir las obras. Pese al desempeño de los 200 millones de dólares en obras de interés social, gracias a la inversión en bonos, el FFD se mantiene con el capital de 1,200 millones.