El Sindicato de Trabajadores del extinto Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE), denunció ayer que puede existir una confabulación entre el Ministerio de Trabajo y las empresas transnacionales que compraron la entidad para que éstas puedan realizar despidos injustificados a su antojo.
De acuerdo al secretario general del SITIRHE, José Arosemena, "todo parece indicar que el Gobierno le vendió la idea a los inversionistas de que pagando un 120% de indemnización adicional, establecido en la cláusula 77 de la Convención Colectiva, podía librarse de los obreros que quisieran, sin que hubiera una causa justificada para" despedirlos, tal como lo señala el Código Laboral.
Agregó que el gremio ha llegado a esta conclusión luego que las Juntas de Conciliación, de la noche a la mañana, han emitido una serie de fallos que favorecen a una de las empresas que compraron el IRHE, específicamente, EGE Fortuna.
Explicó que hace aproximadamente un mes, EGE Fortuna despidió sin justificación, mediante un mutuo acuerdo, al obrero Antonio Guardia Oses, quien inmediatamente presentó una demanda ante el Ministerio de Trabajo, ya que únicamente se le dijo que se le cancelaría su indemnización del 120%, que establecía la Convención Colectiva y que eso era todo.
El caso fue resuelto por la Junta de Conciliación No.17, presidida por Maricela Lamay, que señaló que EGE Fortuna violaba el artículo 170 de la Ley 6 de 1997, las cláusulas 72, 73 y 77 de la Convención Colectiva, así como los artículos 211 y 214 del Código de Trabajo.
Ante este hecho declaró ilegal el despido y ordenó a la empresa reintegrar al trabajador a su puesto, con el consiguiente pago de salarios caídos.
Sin embargo, pese a este primer fallo de la Junta de Conciliación No.17, la compañía ha realizado cerca de 25 nuevos despidos, basándose en la cláusula 77 de la Convención Colectiva, tal como sucedió con Antonio Guardia Oses. No obstante, ahora los veredictos han favorecido a la empresa, lo que no tiene ningún sentido, comentó.
Para Arosemena, pareciera ser que en menos de un mes la Junta de Conciliación ha variado de criterio y ahora sostiene que la cláusula 77 utilizada por la empresa para disminuir el personal es causal de despido, siempre y cuando pague un 2.5% de salarios caídos.
Reiteró que si esta estimación se mantiene sería una válvula de escape para que el resto de las empresas que compraron el IRHE empiecen a realizar despidos masivos, cuando el espíritu de la Convención Colectiva era conservar la estabilidad de los empleados.
Arosemena reiteró que "no quiere pensar que el Ministerio de Trabajo esté a favor de las transnacionales en perjuicio de la clase trabajadora, que es la parte más débil de la relación laboral".
A la vez le hizo un llamado al ministro Reynaldo Rivera para que "no permita que los derechos de los trabajadores se vean afectados por los intereses mezquinos y comerciales de los dueños del IRHE".
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