La ministra de Trabajo de Italia, Elsa Fornero, aseguró ayer que su Gobierno, presidido por el tecnócrata Mario Monti, se irá "a casa" si el Parlamento italiano no aprueba su reforma laboral, que ha recibido críticas tanto por exceso como por defecto.
Durante un congreso en la ciudad de Reggio Calabria (suroeste), Fornero, a quien se recuerda por las lágrimas que derramó el pasado mes de diciembre al hablar de los sacrificios de sus conciudadanos durante la presentación del plan de ajuste de Monti, quiso puntualizar ayer que, de todos modos, su reforma laboral no es "intocable".
"Hasta ahora hemos recibido críticas por ser demasiado incisivas o demasiado poco incisivas (las medidas sobre el mercado del trabajo), pero de una cosa estamos seguros: iremos al Parlamento y si la reforma no se aprueba, nos iremos a casa", dijo la ministra en declaraciones que recogen los medios italianos.
"Esta es una reforma laboral para el país y no para complacer a los sindicatos, las empresas o los autónomos. Nuestra reforma piensa en un mercado del trabajo abierto, integrador y dinámico. Integrador quiere decir sin ciudadelas protegidas porque es impensable que en un mundo tan dinámico se puedan comenzar y terminar carreras de 17 a 57 años siempre en la misma realidad empresarial", añadió. Varios son los frentes que tiene abiertos el Ejecutivo tecnócrata sobre las reformas que está aprobando, sobre todo la laboral, que, a diferencia de otras medidas, no ha contado con un apoyo unánime de los tres principales grupos parlamentarios.
El Gobierno trata de mediar para que tanto el Partido Demócrata (PD) de centroizquierda como el conservador Pueblo de la Libertad (PDL) de Silvio Berlusconi converjan y muestren la misma disposición a aprobar el texto en el Parlamento sin exigencias que el tercer grupo que le sustenta, el llamado "Tercer Polo" de centroderecha. En la reforma laboral, cuya primera versión se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 23 de marzo, el PDL echa de menos una mayor flexibilidad en la contratación, mientras que el PD ha presionado para que se vuelva a permitir la readmisión del trabajador despedido por motivos económicos infundados.
Ante las presiones, el Gobierno finalmente cambió esa primera versión de su reforma antes de llevarla al Parlamento y reintrodujo dentro del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores la posibilidad de que un juez decrete la readmisión de un trabajador si la causa económica esgrimida a la hora del despido es de "manifiesta inexistencia".
