El vendaval político que zarandea a Brasil, con la posible apertura de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, ha ahogado todavía más al país en su crisis económica y aumentado la presión ante la posible pérdida de su “grado de inversión”.
La apertura de los trámites para un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff ha copado la agenda del Congreso brasileño en la última semana y ha desplazado de un plumazo la discusión sobre muchas medidas del plan de ajuste fiscal lanzado por el Gobierno para corregir las debilitadas cuentas del país.
La aprobación de este paquete, que incluye una fuerte reducción de los gastos y un aumento de los impuestos, ha sido considerada por las agencias de calificación de riesgo como una condición sine qua non para evitar nuevas rebajas de la nota de riesgo de país.
Moodys advirtió recientemente que el impeachment complica el “ya desafiante clima político” de Brasil, “tiene el potencial de empeorar a corto plazo las perspectivas de crecimiento” del país y de “posponer la aprobación de las medidas de austeridad”.
Fitch, por su parte, resaltó que el puntapié para iniciar la carrera política contra la presidenta puede perjudicar la continuidad del ajuste fiscal, una de las banderas del segundo mandato de Rousseff, cuya popularidad se ha visto fuertemente dañada y hoy se sitúa por debajo del 10%, según recientes encuestas.
Fitch subrayó que “continuará acompañando la evolución de los hechos” y “evaluará cómo los recientes acontecimientos tendrán impacto sobre la acción política, la trayectoria fiscal de Brasil y la calidad del crédito soberano”.
Moodys, al igual que Fitch, mantienen la nota de Brasil en el último escalón del llamado grado de inversión, mientras que Standards and Poors la rebajó a mediados de este año hasta el llamado “bono basura”.
La segunda baja de calificación al nivel especulativo supondría para el país la pérdida del grado de inversión y tendría un mayor impacto en el mercado.
Baja
10% es el tope de la popularidad actualmente de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El puntapié para iniciar la carrera política contra la mandataria puede perjudicar la continuidad del ajuste fiscal.
Expertos señalan que el país puede perder el sello de buen pagador
Hideaki Iha, consultor de la corredora Fair, dijo que la probabilidad de que el país pierda el sello de “buen pagador” es “muy grande” debido al marasmo económico y destacó que el mercado quiere “rapidez” ante la posible apertura del juicio para despojar a la jefa de Estado de su mandato.
Iha coincide con otros analistas en que el inicio del proceso contra Rousseff tendrá consecuencias negativas a corto plazo, aunque precisó que la posible salida de la presidenta es vista por los inversores como un rayo de “esperanza”.
“Con el impeachment apareció la esperanza, pero si demora mucho tampoco será positivo”, dijo Iha.
