El Gobierno portugués anunció la eliminación de las "acciones de oro" estatales en grandes empresas nacionales, que mediante derechos especiales le permitían el control de sus principales decisiones.
El Ejecutivo conservador de Portugal adoptó la decisión de acuerdo con los ajustes económicos suscrito con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Lisboaa empezó a recibir los primeros fondos del rescate financiero de 78.000 millones de euros que le concedieron ambos organismos para evitar la quiebra del Estado luso a cambio de reducir drásticamente su déficit.
