Ayer la presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC), Usha Mayani, se reunió con miembros del Gobierno para ver las diferentes medidas de retorsión que puede tomar el país, según detalló hoy a Panamá América la empresaria.
Mayani aseguró ver mucho interés por parte del Gobierno en tomar medidas.Sin embargo, expresó que "el temor que tiene es que las medidas se apliquen, pero no con la rapidez que se necesita".
El 7% que representa la actividad de la Zona Libre de Colón en el PIB del país está en verdadero riesgo de desaparecer, destacó la representante de los empresarios del emporio comercial.
"Hoy día un alto porcentaje de locales comerciales se dedican a la venta de calzados y ropa. Si la medida de retorsión no se aplica, Zona Libre de Colón tiene sus días contados y el 7% del PIB va disminuir con rapidez hasta desaparecer", enfatizó.
Agregó que "si una baja de 1% del PIB afecta a la economía, imagine lo que pasaría si se pierde 7% del PIB, con la rapidez que puede pasar si la medida de retorción no se aplica"
"Para las empresas de ZLC que han aguantado con la esperanza del fallo a favor y la protección y defensa del gobierno de Panamá de su sector privado que llamamos Zona Libre, la no aplicación de alguna medida de retorsión contundente sería un claro mensaje de que es hora de apagar la luz, cerrar la puerta y entregar la llave al Gobierno", sentenció.
Mayani manifestó además que la meta es abrir el mercado de Colombia y en eso se está trabajando y salió positiva de esta reunión con el Ministerio de Comercio e Industrias y la Cancillería , ya que es el tercer fallo que da la OMC a favor de Panama y se necesita una respuesta urgente, pero se debe hacer con cuidado verificando las medidas que se deben imponer, para buscar una solución a este problema.
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Colombia empezó en 2012 a aplicar aranceles del 10 % a los calzados y textiles provenientes de la ZLC, y un cargo de 5 dólares por cada contenedor, para evitar el contrabando y el lavado de dinero.
Panamá acudió al organismo internacional para denunciar que la decisión colombiana violaba los compromisos adquiridos por ambos países en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y el pasado noviembre un panel de expertos falló a favor del país.
