Los empresarios instan a que se acaten los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia con relación a proyectos de inversión millonaria.
"Seamos cuidadosos, no transformemos el índice de seguridad jurídica en uno de los peores calificados", indicaron
La seguridad jurídica es un componente significativo de la competitividad de un país, y determinante en la captación de inversiones extranjeras, como es el caso de Panamá de cara a la necesidad de generar nuevas y crecientes fuentes de empleo, indicó en un comunicado la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
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Para los empresarios, las licitaciones públicas internacionales permiten evaluar la seguridad jurídica de una plaza específica, por cuanto muestran su desempeño en materia de transparencia, seriedad administrativa y fortalezas institucionales.
"Son estos los países que logran atraer a inversionistas importantes porque ven ellos confianza, estabilidad y seguridad para sus capitales y debido a ello hacemos un fuerte llamado a salvaguardar nuestra competitividad como país", dice el escrito.
Recordó que en el Índice de Competitividad Global 2017 – 2018 publicado por el Foro Económico Mundial, se vio reflejado cómo el país ha perdido competencias en áreas que antes eran pilares de nuestras fortalezas.
"Seamos cuidadosos, no transformemos el índice de seguridad jurídica en uno de los peores calificados, con licitaciones públicas de interés nacional que dejan muchas dudas sin responder y se esparcen sospechas que solo sirven para avivar suspicacias venenosas. También en esto el país necesita conocer, si existen, anomalías para investigarlas y exigir responsabilidades por ellas".
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Según el gremio empresarial, qué sentido tiene organizar estos procesos; establecer reglas de juego supuestamente caracterizadas por la seriedad y la transparencia; convocar potenciales inversionistas; homologar criterios de participación, y designar comisiones evaluadoras integradas por profesionales de prestigio, si luego, de manera sorpresiva, se da vuelta al tablero para regresar al punto de partida desde cero.
Los empresarios instan a que se acaten los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia con relación a proyectos de inversión millonaria cuya ejecución aguarda a que funcionarios del Estado atiendan reiterados fallos de dicha instancia de justicia sobre ese particular.
Destacan la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país mediante la observancia puntual de las normas que garantizan el Estado de Derecho."Con ello, promoveremos un clima de seriedad institucional que apalanque nuestro desarrollo con inversiones crecientes, generadoras de riqueza, a través de nuevas y mayores fuentes de empleo".
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