La modificación del Código Judicial por parte de la Asamblea Legislativa, con la cual se castiga con 2 a 4 años de prisión a los empleadores que no remitan a tiempo a la Caja de Seguro Social las cuotas obrero-patronales, ocasionó ayer reacciones encontradas. Mientras la medida fue apoyada por los gremios de trabajadores, fue rechazada por los empresarios, que la catalogaron como demasiado drástica.
Los empresarios también aseguran que existen muchas irregularidades en el Departamento de Cuentas por Cobrar de la CSS, lo que implica que se puedan cometer serias irregularidades al momento de aplicar alguna sanción.
TRABAJADORES SATISFECHOS
Para Augusto Castillo, secretario general de la central obrera Convergencia Sindical y actual coordinador del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), ya era hora que alguien protegiera a los obreros y todos aquéllos que pagan una cuota a la CSS, dado que, por muchos años, empresarios sin escrúpulos han eludido esta obligación sin que nadie los obligara a rectificar su incumplimiento legal.
Agregó que los únicos perjudicados con esta práctica son los trabajadores, que a veces sólo se enteran de que no están pagando seguro a la hora de requerir un servicio hospitalario, o lo que es peor, cuando inician los tramites para solicitar su jubilación.
Según Castillo, la norma aplicada por la Asamblea Legislativa, es una medida de justicia y “ojalá la pena de prisión hubiera sido mucho mayorâ€, ya que se esta jugando con la tranquilidad de la familia panameña.
El sindicalista agregó, que si no se presentan las cuotas, igualmente se afecta el patrimonio de la CSS, porque la misma deja de percibir fondos de personas que deberían estar cotizando.
EMPRESARIOS RECHAZAN LA MEDIDA
Por su parte, Juan Planells, directivo honorario del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), indicó que la medida de la Asamblea es demasiado drástica y antes de querer meter preso a cualquier empresario, se debió corregir algunas irregularidades que existen en el Departamento de Cuentas por Cobrar de la CSS y contar con un servicio eficiente de facturación, para que no se cometan injusticias.
Planells sostuvo que actualmente en este departamento hay una clara ineficiencia, que se puede comprobar en la lista de supuestos morosos que se distribuyó recientemente, en la que existen numerosas empresas que se encuentran al día o mantienen arreglos de pago, mientras que otras hace años que no existen, lo que demuestra que las cifras no se manejan de una forma profesional.
Precisó que el peligro de esta situación es que se vaya a aplicar una sanción de cárcel a los dueños de compañías que realmente no estén morosas.
De acuerdo al empresario, no era necesario aplicar una pena de prisión, ya que el sistema económico panameño contempla sanciones económicas lo suficientemente fuertes para persuadir a cualquier infractor, a la vez que se preguntó ¿en que beneficia a la CSS meter preso a un empresario?, o ¿quien va ir a prisión cuando el infractor sea una entidad del Estado?
Explicó, asimismo,que cuando las penas son muy altas, existe una tendencia a no aplicarlas y lo más probable es que la norma, que trata de persuadir a los empresarios de que paguen las cuotas, se convierta en letra muerta.
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