La implementación de las impresoras fiscales tenía como único objetivo incrementar los ingresos de las arcas del Estado, poniendo un alto a la evasión fiscal en el comercio, calculada en 250 millones de dólares al año.
Pero la necesidad del Estado también se ha convertido en una ventana de oportunidades para los distribuidores de las impresoras fiscales, que han aprovechado el momento para obtener ganancias extraordinarias a través de sobreprecios a sus productos.
