Voceros de las empresas distribuidoras, Elektra Noreste y EDEM-EDECHI, manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se resquebraje la estabilidad jurídica de Panamá si la Asamblea Legislativa aprueba un proyecto de ley que podría impedir que se aumenten las tarifas eléctricas, tal como lo establecen los acuerdos firmados con el Estado.
La aprobación de la ley contraria al aumento de tarifas, promovida por la Presidenta Mireya Moscoso significaría un cambio completo de las reglas de juego que existían cuando se firmaron los contratos de concesión.
El proyecto de ley, presentado ante la Comisión de Trabajo, ordena en su primer artículo que se suspendan temporalmente los aumentos de las tarifas relacionados con las empresas comerciales e industriales de servicios públicos decretados por el Ente Regulador y los mismos no se deben hacer efectivos durante el año 2000.
Pero mientras hacia fuera el gobierno da la impresión de que defiende los bolsillos de los usuarios, hacia adentro se estaría cocinando una compensación económica a las empresas distribuidoras para no afectarlas por el congelamiento de las tarifas.
Con este propósito la norma señala que las empresas concesionarias, en conjunto con los representantes del Ejecutivo, establecerán un sistema de compensación durante todo el tiempo que dure la mora.
Igualmente, ordena la creación de una comisión nacional, integrada por miembros del Organo Ejecutivo, Legislativo, el sector privado, ETESA, la CLICAC, los trabajadores y el Ente Regulador, que se encargará de establecer cuál debe ser el costo social que se debe aplicar en materia de servicios públicos.
A pesar de que esta norma podría ser aplaudida por la población, las empresa de distribución no lo aprecian así, y señalan que el Gobierno no tiene uniformidad a la hora de tomar alguna decisión sobre el cambio de las tarifas, lo cual los tiene muy preocupados.
ELEKTRA NORESTE
De acuerdo a Aura Ferrer, directora de comunicación de Elektra Noreste, los ajustes de tarifas no son un antojo ya que la empresa ha seguido todas las reglas jurídicas que se exigen en el contrato.
Recalcó que las solicitudes de aumento se presentaron a tiempo ante el Ente Regulador, se entregaron los estudios de los agentes económicos involucrados en la fijación de las tarifas y se respetaron todos los otros pasos que se piden en la ley para realizar algún ajuste.
Señaló que lo mismo se hizo las dos últimas veces en que se han hecho revisiones de tarifas, con la única diferencia de que en esas ocasiones las mismas en vez de aumentar, bajaron.
Recalcó que "entonces el Ente Regulador sí era la entidad autorizada para aprobar la rebaja, los estudios de los agentes económicos eran los correctos y el procedimiento fue el adecuado, o sea que todo fue color de rosas".
Ahora, dijo, que se hace una tercera revisión, "resulta que el Ente Regulador no es la institución que debe autorizar los ajustes, se está violando la ley y los estudios de los agentes económicos no son los correctos".
Según Ferrer, el interés de Elektra Noreste no es aumentar las tarifas, porque no obtiene ningún beneficio económico con esto y agregó que de hecho lo único que hacen es pasar a sus clientes el incremento de precios que le han hecho las termoeléctricas, que son las que usan petróleo (bunker) y las que han tenido que incurrir en gastos adicionales.
Enfatizó que la empresa se siente sumamente preocupada, porque al momento de comprar la distribuidora, firmaron un contrato con cláusulas claras, tanto para la compañía como para el Gobierno, "pero ahora, por medio de una ley, se quieren cambiar las reglas de juego".
La funcionaria explicó que lo delicado de detener el aumento de las tarifas es que las distribuidoras ya pagaron con seis meses de anticipación los gastos adicionales que le impusieron las generadoras y en estos momentos es que recién van a empezar a recuperar este capital.
Precisó que Elektra Noreste está en una situación muy difícil, dado que el 40% de la tarifa que le cobra a sus clientes en concepto de generación ha sido afectada por el aumento del precio del petróleo.
Ferrer manifestó que Elektra Noreste no tiene ningún inconveniente en que el Gobierno utilice los mecanismos que le permite la ley para subsidiar el aumento de las electricidad, ya que así no se afectarían ni ellos ni la población.
EDEMET-EDECHI
Por su parte, Pablo Pérez Cerda, director Comercial de EDEMET-EDECHI, precisó que la empresa ha cumplido con todo lo establecido en el contrato de concesión y las resoluciones del Ente Regulador, por lo que le resulta extraño que por medio de una ley se pretenda impedir que se cobren las nuevas tarifas.
Al igual que Aura Ferrer de Elektra Noreste, Pérez Cerda sostiene que están angustiados por la inseguridad jurídica que existe en Panamá, "ya que no es posible que por medio de una ley se trate de modificar los condiciones legales que existían cuando la empresa accedió a participar en la privatización del antiguo IRHE.
"Lo único que hemos hecho es aplicar los ajustes que la ley nos permite aplicar, sobre todo porque ya le hemos pagado a los generadores las facturas que incluían el aumento del petróleo", precisó Pérez Cerda.
Agregó que la empresa no rechazaría un subsidio del Gobierno, siempre y cuando el mismo esté dentro de la ley , el contrato de concesión y sea aprobado por el Ente Regulador.
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