Cualquiera que sepa la historia reciente de la "reforma fiscal"" en Estados Unidos se sentirá escéptico sobre su última encarnación.
No hay nada que no hayamos oído antes en la declaración del presidente George W. Bush de que quiere, como principal prioridad en su segundo término, "reformar nuestro complicado y obsoleto código fiscal"".
Demasiados de nosotros podemos recordar las múltiples reformas fiscales de los últimos decenios, como Economic Recovery Tax Act de 1981, Tax Reform Act de 1986 y Taxpayer Relief Act de 1997, más las leyes fiscales aprobadas antes, durante y después de estas majestuosas medidas.
Sin embargo, seguimos con lo que el representante James DeMint, republicano de Carolina del Norte, ha llamado "una monstruosidad de 17,000 páginas que les cuesta a las empresas y a los individuos una fortuna anual interpretar y cumplir"".
"Es un constante peso para nuestra economía y se empeora cada año"", escribió DeMint el año pasado en un comentario para Tax Foundation, una organización que trabaja para educar al público sobre cuestiones fiscales.
Los cínicos se divertirán con los informes de que Bush aprovechará la oportunidad para volver "permanentes"" los recortes fiscales aprobados durante su primer término, como si hubiera algo permanente en nuestro sistema fiscal.
Uno puede decirles a los inversionistas en acciones y fondos mutuos accionarios, por ejemplo, que el nuevo impuesto máximo de 15 por ciento a las ganancias de capital a largo plazo y la mayoría de los dividendos llegó para quedarse. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasará antes de que un nuevo presidente y Congreso, que enfrenten presiones y prioridades, decidan tomar otra medida?
Pero suficiente pesimismo. Si hay un momento político correcto para una reforma fiscal, es éste. Los frecuentes fracasos del pasado no prueban que no pueda hacerse.
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