Este artículo aborda las limitaciones que derivan del sistema tributario vigente en Panamá y de la importancia que tiene mejorarlo para el devenir económico del país.
Es ampliamente conocido que Panamá carece de política monetaria, es decir, a diferencia de otros países no hay banca central. Más aun el país utiliza el dólar como moneda de curso legal.
Esto a su vez se ha traducido en una históricamente baja inflación, además atenúa el riesgo cambiario, lo cual atrae la inversión directa extranjera y el libre flujo de capitales.
Por otro lado, al igual que otros países, Panamá requiere políticas que se denominan "Fine tunning" o ajustes a efectos de suavizar los ciclos económicos mediante políticas contracíclicas para dinamizar o desacelerar el crecimiento de la economía, como sea el caso.
Sin embargo, Panamá solo puede lograr esto mediante política fiscal, es decir a través del aumento o disminución del gasto público.
Sin embargo, persisten importantes desafíos para asegurar un sostenido equilibrio entre el gasto y el ingreso público para preservar la solidez fiscal y crear suficientes espacios para dar la sostenibilidad al programa de inversiones públicas del actual quinquenio que montaría un total de 19.5 mil millones de dólares.
Es un hecho, casi sin excepción, que las pasadas administraciones han aplicado de alguna u otra forma aumentos en los impuestos; y es también conocido que el actual Gobierno ha optado por no aumentar los mismos.
Esto representa un desafío por cuanto que coloca una importante limitante sobre las posibilidades de aumentar las recaudaciones en términos proporcionales al producto interno bruto (PIB).
Más aún, es también sabido que Panamá es uno de los países con más baja carga tributaria en toda la región.
Para muestra un botón, el ITBM% o (valor agregado) en comparación a otros países es uno de los más bajos. Este hecho aunado a un natural ajuste en la tasa de crecimiento del PIB se traduce en que el Estado probablemente no va a aumentar sus ingresos de forma considerable.
Por ejemplo, a diciembre de 2014 los ingresos totales del sector público no financiero cerraron en 10 mil millones de dólares, solamente $100 millones por arriba comparativamente al mismo periodo del año 2013.
Esto contrasta con el hecho de que, durante el mismo periodo, los gastos totales ascendieron a $11.6 mil millones lo que representó un crecimiento de 5.8%. Claramente los ingresos crecieron menos que los egresos durante el periodo 2014.
En lo que respecta a los ingresos totales, a abril del 2015 los recaudos del sector público no financiero (SPNF) cerraron en solo $3.1 mil millones, es decir $331 millones más comparado con el mismo periodo del año 2014.
Lo anterior a nuestro parecer más que indicativo de una desaceleración es el reflejo de que la estructura tributaria requiere una modernización y de cara a permitir al Estado facilitar por un lado la captación de ingresos, reduciendo la evasión por un lado y automatizando los procesos y simplificándolos.
Esto le daría mayor competitividad y transparencia al sistema que precisamente constituye de acuerdo a distintos organismos internacionales uno de los principales escollos o cuellos de botella.
En segundo lugar es necesario continuar revisando el sistema de exoneraciones y subsidios a efecto de, por un lado, se focalicen estos subsidios para quienes menos ingresos perciben y hacerlo de una forma que estimule la productividad y reducir las exoneraciones.
