El frenazo a las reformas económicas en Cuba con la imposición de mayores trabas al desarrollo del sector no estatal genera una "fuga de capital local hacia el exterior" de entre $280 millones y 350 millones de dólares anuales, advirtió una consultora especializada en la economía cubana.
The Havana Consulting Group (THCG), con sede en Miami, dijo que esa fuga de capitales es la consecuencia inevitable del intento del Gobierno cubano de "cercenar el espíritu de emprendimiento" y "frenar el crecimiento del sector privado".
Emilio Morales, presidente de THCG, dijo que el capital de los cuentapropistas que huye de la nación caribeña va a parar a "terceros países para la inversión en pequeños negocios o la compra de propiedades".
El experto explicó que se trata de "una reacción natural" en respuesta al "frenazo que ha puesto el Gobierno cubano al sector privado" y supone la "pérdida" de una gran oportunidad para la reconstrucción de la economía nacional.
Dado que los emprendedores de la isla "viajan constantemente al exterior", resulta normal que saquen el dinero en sus bolsillos, aunque otras veces "lo envían con 'mulas' o realizan "transacciones en el exterior invirtiendo en propiedades en la isla que después se las venden a los extranjeros", detalló.
Mientras, el Gobierno cubano, "con la justificación de que no quieren permitir la concentración de riqueza", ha reducido el número de modalidades para ejercer un trabajo por cuenta propia, que ha caído de 201 a 122, destacó Morales.
Se trata de un duro golpe a la iniciativa de los cuentapropistas cubanos, que en los últimos años se expandieron a partir de la inversión de su propio capital.
Este frenazo al crecimiento del sector privado supone la consagración de "medidas ultraconservadoras, muy lejos de la dinámica de la economía moderna" y en un momento en que la isla caribeña "necesita estimular las fuerzas productivas", no limitarlas, apunta el artículo del THCG.
Efecto de estas medidas "castradoras" será la "fuga de capital local hacia el exterior", una salida de dinero estimada entre $280 millones y $350 millones anuales. Además, el sistema "burocrático centralizado de las decisiones" ralentiza la aprobación de creación de nuevas cooperativas no agropecuarias, denominadas CNA.
