La evaluación y aprobación de los riesgos ambientales que puede tener un proyecto no representa ingresos ecuánimes con la responsabilidad del Estado al autorizarlos, y las reglas actuales indican que se están realizando con los requisitos mínimos requeridos.
Sin embargo, el daño ambiental que podría pagar el país con decisiones basadas en lo básico requerido para tener un aprobación gubernamental, en este caso de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), regente en este tema por medio de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), no podrán contabilizarse en su más pequeña expresión, según expresaron profesionales dedicados a la revisión de estos documentos.
El Estado recibe anualmente menos de un $1 millón por evaluar los riesgos ambientales.
El asunto tiene su génesis en el Decreto 123 del 14 de agosto del 2009, que reglamenta la elaboración de los EIA y que carece del Manual Operativo que daría los detalles técnicos específicos.
“El documento actual no fue el que se trabajó en mi gestión, que se le dedicó dos años de consultas con las ongs y las empresas, lo mandamos al Ministerio de Economía y Finanzas y aprobaron otro”, afirmó Ligia Castro, ex administradora de la ANAM.
El Decreto 123 del 14 de agosto del 2009 levanta quejas de abogados dedicados al derecho ambiental como Joana Ábrego, quién afirmó que la participación ciudadana se ha limitado con esta reglamentación.
“Te van a poner un edificio junto a tu casa o un mega resort en el pueblito en que tienes una propiedad, sin embargo, no puedes tener una copia física del EIA porque es restringida, y en digital debes buscarla dónde será el proyecto, aunque sea Darién, esto limita a la gente” destacó Ábrego.
La preocupación aumenta en lo técnico, la ingeniera ambiental Mariana Méndez, dijo que al permitir la aprobación de los EIA con los contenidos mínimos se está poniendo en peligro a la ciudadanía.
“Un consultor puede hacer la proyección de los costos de los impactos ambientales escuetamente porque la descripción que debes hacer es básica e incluso no sectorial”, expresó Méndez.
Lo cierto es que, independientemente del lugar del proyecto o su tipo, los requerimientos para su aprobación y los costos son los mismos ante la ANAM.
