Ferrocarril estancado por bloqueo del puerto de Balboa

El director de Mercadeo de la Panama Canal Railway Company (PCRC), Tomas Kenna, advirtió que las operaciones del ferrocarril se han estancado por la falta de espacio físico para atender a las compañías navieras en el puerto de Balboa.
Kenna precisó que, al tratar de detenerse la expansión de Balboa, se está marginando de igual manera el negocio ferroviario, cuyos ingresos dependen en un 75% del trasbordo de contenedores.
Antes que el ferrocarril iniciara operaciones, suscribió contratos con navieras para el trasbordo de contenedores desde el Océano Pacífico hacia el Atlántico a través de la vía.
Según Kenna, la Panama Canal Railway invirtió 75 millones de dólares en la compra del ferrocarril, transacción que calificó como la venta de la chatarra más cara del mundo. Sin embargo, se aceptó el precio, por el desarrollo y crecimiento que garantizó el Estado para el sector.
Pero en la actualidad, la empresa sólo ha explotado el área turística, con el transporte de pasajeros, a pesar de que el retorno de su inversión fue basado en el transporte de contenedores, indicó Kenna.
El ejecutivo señaló que la empresa tiene que hacerle frente a los compromisos contractuales adquiridos con las compañías navieras para el transbordo de carga, pero esto no puede ser posible sin la expansión del puerto de Balboa. En la actualidad, "las finanzas de la compañía están pintadas de rojo y no de verde como muchos creían".
Como ya es sabido, el ministro Joaquín Jácome, equiparó los beneficios fiscales de Panama Ports Compañy (PPC) a los del resto de los terminales portuarios. Sin embargo, los argumentos jurídicos y económicos que consideró para tomar esta decisión no han sido bien vistos por varios sectores.
La Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa se ha opuesto a esta equiparación, en la que el Estado renuncia a 22 millones de dólares al año. Sin embargo, la empresa alega que al darse la equiparación, podrán hacer la ampliación en Balboa a un costo de 200 millones de dólares.
Como consecuencia de la negativa de la Comisión de Comercio, asesor legal de la Comisión de Comercio, José Dídimo Escobar, presentó ante la Corte Suprema de Justicia, un recurso de inconstitucionalidad.
Escobar considera que esta resolución ministerial se abroga la facultad constitucional de derogar una cláusula de un contrato ley, lo cual es sólo facultad de la Asamblea Legislativa.