El 40% de los funcionarios federales brasileños, en torno de 200,000, se adhirieron ayer a la huelga indefinida convocada por la Confederación Nacional de los Funcionarios Públicos Federales (CNSF), para obligar al gobierno a retirar el proyecto de reforma del sistema de pensiones que se tramita en la Cámara de Diputados.
Según el director de la CNSF, Ismael José Cesar, el balance de este primer día de huelga es "sorprendente y extraordinariamente importante a nivel político".
"Va a ser una huelga creciente y fuerte que va a durar hasta que el gobierno acepte negociar" un proyecto de reforma del sistema de pensiones con los sindicatos, que afecta de manera particular a los funcionarios públicos, señaló a la AFP.
En un primer balance parcial, Río de Janeiro ha sido uno de los estados donde mayor seguimiento ha tenido esta huelga, señaló la Confederación Nacional de los Funcionarios Públicos Federales (CNSF). El miércoles habrá también manifestaciones en la mayoría de las grandes ciudades de país para "recabar el apoyo de la población", informó Cesar.
Este sindicato exige la retirada del proyecto de reforma presentado por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva el pasado abril en la Cámara y que prevé la imposición de una alícuota del 11% a los pensionistas que ganen más de 370 dólares, y aumentar en siete años la edad mínima para la jubilación, 55 años para las mujeres y 60 para los hombres.
También contempla fijar una pensión máxima de 828 dólares para las pensiones tanto del sector público como del privado, así como la creación de un fondo de pensiones complementario, que para los sindicalistas supondría el inicio de la "privatización" del sistema pensiones.
