Futuro de los jubilados argentinos en la mira

Nadie duda de la vital importancia de discutir cuánto cobrarán los jubilados del futuro. Pero hay una cuestión aún más primaria, más elemental: ¿cuántos argentinos podrán cobrar una jubilación en el futuro? Según lo que muestran los registros de aportantes a los diferentes regímenes previsionales que conviven en el país, no más de un tercio de los 14.4 millones que integran la población económicamente activa. Ese es, según los analistas, el diagnóstico del que debería partir cualquier intento de reforma al sistema previsional, por estos días puesto en tela de juicio por la pérdida que podría sufrir el fondo acumulado en las cuentas de las AFJP una vez que queden reestructuradas las tenencias en deudas del Estado que están en default.
Si bien la presentación que hizo en la asamblea del FMI el ministro de Economía, Roberto Lavagna, sobre la reestructuración de los títulos dejó demasiadas dudas, la presunción de que podría haber un efecto significativo sobre los fondos jubilatorios dio lugar a declaraciones de funcionarios que parecen más dignas de una campaña electoral, en la que el adversario es el sistema de AFJP, que de un debate que permita encontrar una vía de solución para que la gigantesca crisis sufrida por la Argentina deje las menores secuelas posibles en la población.
No pocos piensan que los dichos de Lavagna, que calificó de "inútiles" a los directivos de las AFJP, como también las declaraciones del presidente Néstor Kirchner, tendientes a descargar toda responsabilidad sobre los operadores privados, abonan el terreno para avanzar con una reforma que le dé más espacio al Estado en el manejo directo del dinero que debe previsionarse para el futuro.
El hecho es que no sólo lo que pase con las condiciones de pago de los bonos cambiará las proyecciones sobre el ingreso que tendrán los trabajadores cuando se retiren. Lo que entra en juego es, directamente, la reformulación de todo el régimen. Según el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, aún hay mucho por definir en la letra de la propuesta que el Poder Ejecutivo prevé enviarle al Congreso en marzo del año próximo.
En principio, según contó a La Nación, la idea sobre la que se trabaja es la de un sistema mixto donde el Estado y entidades privadas (que podrían ser o no las AFJP) reciban contribuciones de los trabajadores. Pero mientras que la parte del Estado sería universal, la obligatoriedad o no de hacer la contribución a una administradora privada "es un tema que habrá que discutir", según dijo.
También sería materia de discusión qué porcentaje de aporte salarial iría a cada caso. En cuanto a lo que se derive al sector público, para Conte Grand lo ideal sería pensar en un modelo similar al sueco, en el que existen "cuentas virtuales": se lleva un registro de todo lo que es aportado, para tener en claro la historia laboral de cada persona.