Garzón ve delitos societarios y apropiación en caso BBVA

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cree que las cuentas y el plan de pensiones que el BBV abrió de forma secreta en el exterior podría ser constitutivo de sendos delitos de apropiación indebida, además de los delitos societarios de falsedad documental y administración desleal.
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cree que las cuentas y el plan de pensiones que el BBV abrió de forma secreta en el exterior podría ser constitutivo de sendos delitos de apropiación indebida, además de los delitos societarios de falsedad documental y administración desleal.
Según el auto del juez Garzón, al que tuvo acceso Expansión Directo, a estos delitos se unen los que ya estaba investigando el magistrado en el caso BBV Privanza, como son un posible delito fiscal, blanqueo de capitales y cohecho, estos dos últimos incorporados a la instrucción el pasado 5 de marzo.
Garzón considera que el banco utilizó paraísos fiscales para, utilizando empresas radicadas allí (offshore) y cuentas en clave, "mantener importantes sumas de dinero fuera del balance y de las cuentas anuales, así como para la consolidación de fondos de pensiones", lo que sería constitutivo de los delitos reseñados.
Además, estima que el banco, a través de la sociedad Canal Trust Company, radicada en Jersey, "habría utilizado la misma estructura para realizar pagos millonarios no lícitos en Venezuela para la campaña electoral de determinado responsable político" que, según reconoce la propia entidad, es Hugo Chávez.
El BBV hizo estas aportaciones "a través de otras cuentas, cuentas secretas y tituladas por personas interpuestas, también en paraísos fiscales, sin que conste que estos pagos se hayan declarado como tales".
El magistrado, que desde mediados del año 2000 investigaba al BBV Privanza, decidió ayer incorporar a la causa todo el entramado financiero que el propio banco regularizó a finales del año 2000, y del que fue informado el Banco de España a principios del 2001.
Al regularizar estos fondos ocultos, el banco incorporó oficialmente a sus cuentas del año 2000 los 33,854 millones de pesetas que tenía ocultos en el exterior, si bien no pudo evitar que el Banco de España, tras trece meses de investigación, decidiera el pasado 15 de marzo abrir un expediente sancionador a la entidad y a 16 de sus altos cargos.
Ahora, Garzón ha pedido que paralice a la autoridad supervisora la tramitación de este expediente administrativo "hasta tanto se solvente la posible responsabilidad penal en la que hayan podido incurrir sus responsables y afectados por la investigación".
El Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, consideró que "existe una guerra mediática: los ciudadanos tienen que soportar por un lado que el gobierno les ponga las cadenas y por el otro (los medios privados) que les den una sola versión" y agregó que "ambos censuran y ponen la información que ellos quieren".
Levy Benshimol, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, manifestó a EFE que las cadenas "atentan contra el derecho de la información", y "Chávez ha abusado de ellas", violando el artículo 58 de la Constitución, sobre información plural, imparcial, oportuna y veraz.
Fernando Barrientos, asesor legal de la CTV, subrayó el carácter abusivo de la iniciativa gubernamental, cuyo único fin ha sido "decir cualquier cosa en contra del paro".
Empresarios protestan por numerosas cadenas oficiales durante paro en Venezuela
Dirigentes de la opositora cúpula empresarial Fedecámaras protestaron ayer por las numerosas transmisiones oficiales en cadena de radio y televisión durante el paro general de este martes, convocado por esa organización y por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
"Esto es intolerable", dijo Juan Rafalli, asesor legal de Fedecámaras, al cuestionar las cadenas que obligan a las emisoras y televisoras a cortar sus programaciones y sumarse a la transmisión oficial.
Rafalli dijo que, según las leyes vigentes, el gobierno sólo puede hacer "cadenas" para transmitir alocuciones del presidente, vicepresidente y sus ministros, e instó a los medios a negarse a "encadenarse" si se transmite otro tipo de cosas.
En la última de estas transmisiones en cadena, emitida hacia las 13H00 local (17H00 GMT), las empresas televisivas dividieron sus pantallas entre las imágenes de la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, y su programación del momento: entrevistas, muestra de las calles de Caracas o letreros protestando contra las excesivas cadenas.
En Venezuela, el espacio radioeléctrico es del Estado venezolano que lo cede en concesión a las televisoras y emisoras, con las restricciones que establece la ley, entre ellas la obligatoriedad de sumarse a las transmisiones oficiales.
"El abuso viene en el mismo momento en que el medio lo permite", dijo Rafalli, quien llamó a la Defensoría del Pueblo a que intervenga para impedir al Gobierno usar su poder para limitar el derecho a la información sobre el paro.