El gobierno argentino anunció un plan de profundas reformas para evitar que la economía caiga en una "catástrofe" y expresó su voluntad de "congelar" el gasto público por un período de al menos cinco años.
"Argentina está mal", dijo ayer el presidente Fernando de la Rúa, quien primero dio las líneas generales del programa en un mensaje difundido por la red nacional de radio y televisión, y luego las explicó junto a su ministro de Economía, José Luis Machinea, a los banqueros y empresarios.
De la Rúa y Machinea aseguraron que para este plan cuentan con el aval de los organismos financieros internacionales, entre los cuales mencionaron al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que este país negocia un crédito de reserva por unos 14,000 millones de dólares.
Con esa ayuda y con las reformas, el Gobierno busca despejar las incertidumbres de los grandes grupos económicos, que en los últimos días han llegado a poner en duda la capacidad del Estado para hacer frente a los compromisos que genera la deuda pública.
Ambos funcionarios hicieron hincapié en que Argentina cumplirá con los vencimientos previstos en la deuda pública. Durante el año próximo, el país deberá desembolsar unos 20,000 millones de dólares por este concepto.
Los rumores sobre la situación financiera del país causaron fuertes turbulencias en los mercados, en momentos en que en Argentina crecen las demandas sociales y el peligro de estallidos de violencia como el ocurrido ayer en el norte del país, donde un manifestante murió durante un enfrentamiento con la policía.
Apenas se supo que hubo un muerto, los habitantes de las localidades de Tartagal y General Mosconi, en la norteña provincia de Salta, reaccionaron enfurecidos, quemaron edificios públicos y casas, tomaron a cinco policías como rehenes, saquearon negocios y convirtieron a la zona en "tierra de nadie" durante varias horas.
"El desempleo, la fragmentación social, la pobreza y la crisis política interna, sumadas a una situación exterior desfavorable en lo comercial y financiero, constituyen una combinación que puede llevar a la economía a una verdadera catástrofe si no actuamos bien y rápido", dijo De la Rúa.
Tanto en su mensaje a la población como en su discurso ante los representantes de los grupos económicos, el jefe del Estado intentó defender su capacidad de liderazgo, que fue puesta en duda durante la crisis por los mercados y los analistas.
"Tal vez ahora me conozcan un poco mejor", aseguró el presidente luego de haber comprometido su vocación por las "grandes reformas estructurales" y de señalar que está dispuesto a pagar todos los costos políticos que generen estas medidas, las cuales, dijo, están destinadas a crear un clima de confianza.
Añadió que las disposiciones están en cierto modo destinadas a hacer cambiar de opinión a quienes le han "subestimado" y creen que es un "presidente sin fuerza".
El gran objetivo que el Gobierno busca alcanzar con este conjunto de disposiciones es el de contener el gasto público para ganarse la confianza de los mercados, la clase empresarial y los organismos internacionales de crédito.
Una de las propuestas centrales es la de abrir una negociación con las provincias para "congelar" por cinco años los gastos primarios del Estado.
También se resolvió un amplia reforma del sistema de seguridad social, que, a corto plazo, derivará en la eliminación definitiva del régimen que administra el Estado para dejar las operaciones en manos de las administradoras de fondos de pensiones.
Como medida de contención social, el Gobierno anunció que los jubilados de más de 80 años recibirán a partir de 2001 un ingreso mínimo de 200 dólares (actualmente está en 120).
También se corregirán a la baja las previsiones de ingresos públicos y pautas de crecimiento que estaban incluidas en el proyecto de Presupuesto 2001, en una decisión que según el Gobierno se tomará por precaución.
Machinea sostuvo que se profundizará en la política para la eliminación de impuestos que, según los empresarios, traban las inversiones.
Quedó confirmada también la desregulación completa del sistema de salud, de acuerdo con un esquema en el que las obras sociales que administran los sindicatos competirán con los servicios de medicina privados.
El Gobierno avanzará asimismo en un sistema para la privatización del sistema de recaudación de impuestos.
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