La Ley de Costos y Precios Justos aprobada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, para atacar la especulación, plantea problemas de aplicación por engorrosa y porque la economía del país se puede estancar con el control de todos los bienes y servicios de las empresas que operan en el país.
Así, indicaron analistas que ven un potencial generador de corrupción y un factor que podría disparar el mercado negro de algunos productos en la norma, que el Gobierno ha presentado como un mecanismo de “transición hacia el socialismo” con el objetivo de atacar la especulación causante de la inflación.
La nueva Ley de Costos y Precios Justos, que entró en vigor el pasado martes, no pretende atacar el sector privado según el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Elías Jaua, quien dijo esta semana que quienes no especulen “no deben temer”.
La norma prevé crear un sistema de administración de precios de venta al público y márgenes de ganancia, así como una superintendencia adscrita a la Vicepresidencia del Gobierno, que perseguirá y sancionará a los “especuladores”.
“No creo que esta ley se pueda aplicar; si se aplica, se tranca la economía, porque todos los precios de todos los productos están sujetos a la ley. Sería una gran demora que iría en detrimento de la economía”, dijo el director de la Escuela Económica de la Universidad Central de Venezuela, José Guerra.
Para el analista, es muy probable que esta ley genere más corrupción, pues en el marco de la norma se crea un inmenso mecanismo de control llamado “superintendencia de costos y precios” que da poderes “demasiado grandes a los inspectores y superintendentes para fijar los precios”.
“Hay que imaginarse el número de empresas que serán controladas, multiplicado por el número de productos, eso será algo inmanejable”, subrayó el economista, quien duda de que la intención del Estado sea aplicar la ley en toda su extensión pues, a su juicio, existe un interés específico por unas empresas “con nombre y apellido”.
El abogado especialista en Derecho Administrativo Luis Herrera dijo que el nuevo instrumento es inaplicable “porque se trata de cientos de miles de productores de bienes y prestadores de servicios que tendrán que pasar por esta normativa”.
La intención de la ley no es controlar “miles de empresas”, sino ir directamente por un sector específico.
