Se trata de un problema “económico” y no jurídico como se ha querido vender.
Estas fueron las palabras del director de Catastro, Publio Cortés, al referirse al fondo del controversial proyecto de ley 71 que reconoce los derechos posesorios y regula la titulación de islas y costas que está a la espera de segundo debate en la Asamblea Nacional.
Cortés aseguró que el proyecto de ley se mantiene, al tiempo que afirmó que el Estado no va a renunciar a su derecho de cobrar por las tierras.
Aseguró que es un tema económico porque los ciudadanos que ya hicieron grandes inversiones en derechos posesorios, ahora aspiran a que se les legalice sus títulos gastando lo menos posible.
“La actividad del Estado no está solo por recaudar dinero por ventas de terrenos, sino que tiene una visión de desarrollo en el sentido de que el Gobierno entiende que hay temas sociales, por ejemplo el de comunidades enteras que por años están habitando tierras del Estado, y temas de inversión que están relacionados con la compra de esos derechos posesorios”, dijo a Panamá América.
Valores y titulación.
En el proyecto de ley no se establece el valor de las tierras, “eso aún se está estudiando”. Y en cuánto a la cantidad de terrenos, islas y costas sin titular, dijo que aún no tiene cifras finales, pero que sabe que es enorme.
“Hay que mantener un equilibrio, en el sentido de que la venta de las tierras no estén sujetas a precios irrisorios y sin considerar parámetros constitucionales sobre todo, en el caso de islas que, tienen unos muy especiales y que en la legislación anterior no se cumplían, pero que en el nuevo proyecto si se atiende”, añadió.
Según el funcionario, en este tema de titulación de tierra ha habido una presión producto de que en el boom inmobiliario, los derechos posesorios, se cotizaron a precios altos y la gente ha pagado mucho dinero y eso les ha causado preocupación.
Documento inconsulto.
Por su parte, Morabia Guerrero, miembro de la Comisión de Turismo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), dijo que es evidente que no se ha permitido una amplia consulta del proyecto con los sectores interesados y eso puede llevar a enfrentamientos.
Por su lado, el diputado José Blandón dijo que el proyecto ha sido debatido ampliamente, y es un tema que lleva años discutiéndose en la Asamblea.
