P arece que el pie de Panamá está puesto en el acelerador de un auto que pretende llegar a como de lugar hasta una meta llamada Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Panamá.
Esta carrera afina motores el próximo 23 de marzo, fecha en que la parte negociadora panameña, encabezada por el vice-ministro de Comercio Exterior, Romel Adames se enfrentará en Washington ante la Audiencia de la Interagency Trade Politic Staff Committee (Comité de la política comercial de la interagencia (TPSC), donde Panamá aspira a definir una agenda de negociación que iniciará en abril próximo.
El viceministro aclaró que de esta reunión buscar consolidar una agenda de negociación, y no significa que Panamá quiera negociar apresuradamente, sino que se quiere aprovechar la oportunidad que está por cerrarse cuando termine el Trade Promotion Authority (TPA por sus siglas en inglés).
Adames manifestó que es de vital importancia para el país firmar un TLC con EU, porque de lo contrario, Panamá estaría en desventaja por la firma de otros tratados que han colocado a Centroamérica, con una ventaja arancelaria sobre nosotros.
Ante este "aceleramiento" todas las partes involucradas, desde el sector empresarial, agropecuario, entre otros, manifestaron en el reciente foro "Tratado de Libre Comercio Panamá-Estados Unidos" realizado en la Universidad de Panamá la importancia de que estas negociaciones se hagan con prudencia y paciencia, sin olvidar que antes debe realizarse la mayor consulta posible con el fin de evitar serias consecuencias sociales y económicas.
Por su parte, Gustavo García de Paredes, Rector de la Universidad de Panamá, indicó que es necesario que en las negociaciones se protejan los más caros intereses del sector agropecuario, los servicios profesionales, manteniendo las ventajas competitivas que tenemos en el sector financiero y marítimos, entre otros.
En tanto, Raúl Delvalle, presidente de la Cámara de Comercio manifestó que "los tratados ya son una realidad, por lo cual Panamá no puede quedarse al margen de los mismos, aunque esta situación vaya a generar ganadores y perdedores".
Aunque las opiniones coinciden en que un TLC con EU es una oportunidad de oro para la nación, aún existe incertidumbre, a pesar de que han logrado definir sus vulnerabilidades y fortalezas en las mesas de consulta en el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Ello ha generado que hasta el momento se haya definido que los aspectos en los que Panamá puede ser competitivo radican en la posición privilegiada que goza el país, aspecto de sumo interés para la parte norteamericana.
Según DelValle hay que explotar la plataforma de servicios, transporte, el sistema bancario y de seguros que poseemos, por lo que este tratado hay que aprovecharlo, porque se mantiene latente la posibilidad de la ampliación del Canal de Panamá, que permitirá establecer empresas estadounidenses en el territorio.
Aunque se han definido parte de los aspectos positivos de un acuerdo, persiste la opinión de que no se pueden tomar a la ligera aspectos que involucran al sector laboral, que teme por la afluencia de mano de obra extranjera, y el agropecuario que teme ante la importación de productos, situación por la que ha solicitado excluir los rubros sensitivos de las negociaciones.
Por ello, Reynmar Tejeira, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Panamá, reiteró que "hablar de la agricultura en estos tratados es hablar de empleos que pueden convertirse en desempleo si no se negocia con serenidad".
"Nosotros no nos negamos a negociar, pero sabemos que hay que saber negociar bien, y nos preocupa que las negociaciones sean nocivas para el sector", recalcó Tejeira.
El sector agrícola ha solicitado excluir los rubros sensitivos de las negociaciones de un TLC con EU, procurando que permanezcan las reglas establecidas en la OMC, porque temen a la invasión de productos que pueden sacrificar las zonas rurales del país.
Por su parte, el economista Guillermo Salazar, indicó que si bien es cierto este TLC establece mejores condiciones para los exportadores y define de manera bilateral los términos en que los bienes pueden ingresar a los mercados.
Sin embargo, opina que con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, Panamá goza de prioridad para exportar la mayor cantidad de productos agropecuarios, por lo que considera que la firma de un TLC con EU vaya a agregar mayores beneficios a los obtenidos hasta el momento".
Aún así y como las negociaciones son un hecho aparente, el economista indicó que resulta imprescindible considerar las razones por las cuales el sector agropecuario panameño muestra sensibilidades ante las negociaciones de este TLC con EU.
Entre ellas, apunta las diferencias en el tamaño de las economías, las estructuras de los mercados, además de las importaciones que pueden poner en riesgo toda la producción global.
En otro aspecto el economista indicó que hay que lograr un mayor nivel de instrucción y mano de obra nacional. Un requisito fundamental para poder concluir con que puede ser beneficioso para la población panameña la firma y puesta marcha de un TLC con una economía como la de EU.
Pero existe un aspecto, que hasta el momento no había sido considerado y que Rubiel Cajar, presidente de la Fundación del Consumidor y del Usuario manifestó: "los TLC preocupan a los consumidores, que centran su atención en la seguridad alimentaría y el impacto de la reducción de aranceles sobre los impuestos de consumo".
Según Cajar, en lo que se refiere a la seguridad alimentaria, preocupa la inocuidad de los alimentos a la salud, ya que como consecuencia de la apertura económica debe garantizarse que estos sean seguros para el consumo.
Y en cuanto a la recaudación de los impuestos de importación destacó que los TLC afectan ya que la experiencia de otros países indica la pérdida de millones de dólares en este renglón, que más tarde se traducen en producir aumentos en los impuestos al consumo, un costo fiscal que cargará el consumidor.
Por ello es que los gremios representados coinciden en que aún Panamá tiene que realizar adecuaciones que garanticen la firma de un TLC con EU, como los temas de transparencia en compras del Estado, modificaciones laborales y medio ambiente, propiedad intelectual y competencia.
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