La intervención del Banco Central de Ecuador (BCE), ordenada el pasado miércoles por el gobierno, pondría en "serio riesgo" la credibilidad internacional del país y el cumplimiento del programa de dolarización de la economía, dijo ayer el gerente general de ese organismo, Miguel Dávila.
La posición de Dávila surgió luego de que la Superintendencia de Bancos (SB) y el BCE se enfrascaron en una polémica tras la intervención de la institución con el objetivo de "poner fin al despilfarro de los recursos estatales" y "realizar controles presupuestarios y salariales internos".
"El BCE expresa su preocupación por esta intervención en momentos en que se encuentra en marcha el proceso de dolarización, en que se ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se han iniciado las conversaciones con los acreedores internacionales del país", expresó Dávila.
Añadió que "en este contexto, poner en duda la seriedad con la que ha venido actuando el BCE pone en serio riesgo tanto el cumplimiento del programa macroeconómico como la credibilidad del gobierno nacional en el exterior e incluso el avance del propio proceso de dolarización con el cual se hallan plenamente comprometidas las autoridades del BCE".
El propio BCE reconoció que la imagen internacional del país había sufrido un "deterioro" inmediato al "ver enfrentadas sin motivo alguno a dos instituciones del Estado que deberían en estos momentos velar por la recuperación económica".
Al justificar la intervención, el superintendente de Bancos, Juan Falconí, señaló que la decisión fue tomada luego de que el BCE decidió incrementar en45% los sueldos de sus 1.600 empleados, y explicó que "esta alza afectará los egresos públicos por sueldos y cesantías de 600 empleados que saldrán en junio próximo".
Falconí informó que también se dejó sin efecto la decisión del directorio del BCE de donar 50 millones de dólares en bonos de la estatal Agencia de Garantía de Depósitos para cubrir un déficit en el fondo de pensiones de los trabajadores del mismo BCE.
Tras la intervención, el presidente del directorio del BCE, Modesto Correa, presentó su renuncia irrevocable por asuntos personales ante el presidente del Congreso Nacional, Juan José Pons, y le hizo llegar una copia al presidente de la República, Gustavo Noboa.
Al respecto, el BCE sostuvo que las medidas adoptadas por la Superintencia "carecen del adecuado sustento constitucional, legal y técnico" y rechazó la resolución por "inconsulta, arbitraria e improcedente y además por el daño que ésta ocasionaría a la institución y al país en su conjunto".
Apuntó que el presupuesto para gastos de personal del BCE para el año 2000 presenta una reducción del 42% frente al de 1999, en tanto que el aumento salarial está financiado y no representa un costo adicional para el fisco.
Sobre los 50 millones de dólares para cubrir el déficit del fondo de pensiones de los empleados, el BCE aclaró que no constituye una "donación", tal como indica la Superintencia Bancaria.
La intervención del BCE, por su parte, fue calificada como "extraordinaria" por la industrial Joyce de Ginatta, quien dijo que "no es posible que mientras la gente se muere de hambre en Ecuador, los señores del BCE se aumentan el 45% sus salarios".
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