La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó una sentencia, el pasado 3 de marzo, en la que le pide a la empresa Interconexión Eléctrica, S.A (ISA) “no avanzar en el proyecto de interconexión eléctrica con Panamá, hasta que no terminen los estudios de viabilidad del proyecto”, según medios de comunicación colombianos como RCN Radio.
Sin embargo, ISA minimizó la situación antes los cuestionamientos de Panamá América.
“No se canceló ni suspendió el proyecto de interconexión Colombia Panamá, el cual continuará con las definiciones económicas, técnicas y ambientales correspondientes”, fue una de las conclusiones que mostró ISA, en un comunicado enviado ayer al medio de comunicación panameño.
La empresa que fue demandada por los grupos indígenas chidima-tolo y pescadito de la comunidad Embera Katío, del departamento colombiano del Chocó, responde que en cuanto a la sentencia en esta se “resaltó, el trabajo de ISA en materia de responsabilidad social empresarial”.
Además, añaden, que la Corte Suprema de Justicia “se abstuvo de impartir orden alguna a las entidades involucradas en el proyecto de Interconexión Colombia-Panamá”.
Por último, la compañía que en Panamá trabaja la interconexión con la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A (ETESA) describe sobre la sentencia de la Corte Suprema que “se advirtió que en el evento de que el proyecto fuera viable y se lleguen a afectar las comunidades étnicas accionantes; se deberá realizar por ISA el proceso de consulta previa”.
Entre tanto, en Colombia, la conclusión aportada por la Corte Suprema de Justicia de este país pone fin a un proceso de años donde los grupos indígenas de Chidima - Tolo y Pescadito pedían ser consultados sobre la instauración de una carretera en sus terrenos, así como la explotación de minerales y, por último, la instalación de infraestructuras planificadas por ISA para la interconexión de Panamá con la nación vecina.
En el fallo colombiano se observan los antecedentes del caso, en el que los indígenas advierten “de la presencia de ingenieros de ISA haciendo mediciones donde se colocarían las torres para la electrificación”, situación, que desglosan, no fue consultada ni aprobada por ellos. De acuerdo con los informes tomados en consideración por la Corte de Colombia, se crearía un corredor que dividiría las comunidades, y que afectarían los ecosistemas en 21.45 hectáreas.
