Una juez estadounidense rechazó la petición de Sacyr de que la firma que asesoró a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), proporcione al consorcio una ingente cantidad de documentación que podría facilitarle probar el fundamento de sus reclamaciones. En todo caso, esta decisión en nada prejuzga el resultado del arbitraje, Sacyr cree que el consorcio podrá justificar los sobrecostes.
Las reclamaciones del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) sumaban ya 2.700 millones de dólares a cierre de 2014, según la última cifra publicada por Sacyr.
En esta fase decisiva, el consorcio de Sacyr quería acceder a documentación de la empresa de ingeniería Ch2M Hill, que trabajó para la ACP en el proyecto de ampliación del canal. Su argumentación en buena parte descansa en que hubo imprevistos no contemplados en el proyecto que han provocado retrasos y han aumentado el coste de la obra con respecto al presupuesto original.
GUPC alega que la Autoridad del Canal retuvo información clave sobre las verdaderas condiciones y naturaleza del proyecto.
