La descentralización de la administración pública ha tomado, a partir de los años noventa, un lugar importante en los planes de desarrollo de América Central, impulsada tanto por el ánimo de potenciar la eficiencia del Estado como por el de incorporar a más ciudadanos en la toma de decisiones públicas en el ámbito municipal. En la actualidad existen cuatro factores que inciden sobre la descentralización. Primero, la legislación vigente en la región es imprecisa en cuanto a la asignación de las competencias municipales, pues en ningún país se confiere a los gobiernos locales funciones claras y definidas. Segundo, los ingresos propios de los municipios son insuficientes para la ejecución de las actividades municipales. Es notoria la baja recaudación del impuesto sobre inmuebles, e incluso la inexistencia de este en Panamá y El Salvador. Tercero, se ha propiciado la incorporación de instancias de participación ciudadana y se conoce en la actualidad la existencia de algunos municipios que elaboran presupuestos participativos en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, aunque en algunos casos no está clara la inclusión de toda la comunidad en este proceso. El cuarto factor está relacionado con las transferencias directas que los gobiernos centrales otorgan a los gobiernos municipales como medio para financiar sus gastos.
Los criterios para su distribución y la condicionalidad para su uso varían entre países. Solamente El Salvador distribuye una parte de la transferencia tomando en cuenta los niveles de pobreza. En cuanto a la condicionalidad, la mayoría de países define porcentajes de la transferencia que deberán ser utilizados para inversión, pero da un seguimiento débil a su cumplimiento. Lo expuesto anteriormente permite observar los desafíos que América Central tiene en términos de la descentralización. Los Estados deben trabajar por una mayor especificación de las tareas que competen a los gobiernos locales, conscientes de que cada competencia asignada requerirá de más y mejores recursos financieros y humanos para ser llevada a cabo de manera exitosa. Asimismo, se necesita trabajar en un sistema tributario municipal que permita la generación de más ingresos. Por otro lado, se deben mejorar los mecanismos que permitan una mayor representación de toda la comunidad tanto en el diseño como en el control del quehacer público. Finalmente, los Estados deben hacer de las transferencias un instrumento de lucha contra la pobreza y la desigualdad, además de lograr que sus Contralorías de Cuentas den un seguimiento exhaustivo a las condiciones de inversión impuestas.
