La propuesta del gobierno de Abe se produjo tras conocerse el reciente suicidio de varios empleados del gigante nipón de la publicidad Dentsu, así como de un obrero que trabajaba en la construcción del nuevo estadio olímpico de Tokio, casos que reabrieron el debate público sobre estas prácticas.
El Ministerio nipón de Sanidad reconoció la muerte en 2016 de 191 personas por "karoshi", mientras que otro informe del Ministerio de Trabajo sitió en más de 2,159 el número de suicidios por causas relacionadas con el trabajo, 675 de ellas por cansancio.
Esta revisión, que ya fue aprobada por la Cámara baja del Parlamento nipón a finales de mayo, incluye un tope legal de horas extras, pero exime a los profesionales con altos cargos y mayor cualificación de límites en sus jornadas laborales.
La nueva regulación buscaría terminar con una cultura laboral extrema, que lleva a situaciones como la muerte por exceso de trabajo, provocada por patologías como derrames cerebrales.