Si “ahora le toca al pueblo” en este gobierno, y apenas llevan 77 días en el poder, en realidad, ¿qué se le está dando?, porque lamentablemente la luz y los alimentos siguen subiendo, el transporte sigue siendo una calamidad y ya hay algunos funcionarios “metiendo la pata” a placer y no parece haber la suficiente humildad y carácter para rectificar.
La reforma fiscal Vallarino fase 1 ha tenido una accidentada marcha hacia su aprobación y, según los sectores afectados, tendrá un impacto recesivo más que justiciero.
¿Quién en su sano juicio cree que los que tengan que pagar más impuestos no los van a trasladar, de alguna manera, a los consumidores?
A ver, son 200 millones de dólares que se recaudarán aumentando impuestos a los casinos, salas de juego, cigarrillos, inmuebles, telefonía fija comercial, los corredores de seguros, bienes raíces y valores, y la Zona Libre de Colón, ¿cómo se configura el panorama entonces?.
Todos se felicitan que se grave el vicio, aunque se quedó corto este tramo, pues, como dice el diputado oficialista Alcibiades Vásquez, debería aplicarse un impuesto del 150% al fumado, pero prefirieron transar con las tabacaleras una irrisoria carga y ni miraron la posibilidad de aumentar la proporción de la tasa aplicada a los licores, y ya algunos se preguntan si tiene algo que ver con que el vicepresidente Juan Carlos Varela sea uno de los principales productores de bebidas alcohólicas, o que el presidente Ricardo Martinelli tenga pingües ganancias en su cadena de supermercados con la venta de alcohol, no sea que se caiga el negocio.
En otra arista, ¿qué impacto va a tener en la micro, pequeña y mediana empresa el pago del 5% del ITBMS a la telefonía fija comercial?. Puede que ese costo se agregue prorrateadamente a los productos o servicios que ofrecen.
En cuanto al sector inmobiliario la situación es más compleja y macarrónica en la redacción de la reforma que bien vale la pena tomarse su tiempo en leerla con calma para entender qué hicieron los legisladores con la propuesta del ministro de Economía y Finanzas de este país, Alberto Vallarino, pues el sector afiliado a la ACOBIR advierte que el entuerto es peor para los que menos ganan, pues gran parte de la clase media que posee una propiedad horizontal verá aumentar su impuesto de inmueble varias decenas de dólares anuales adicionales a lo que pagaba y el que no pagaba tendrá que empezar a hacerlo si el valor de su propiedad entra en los nuevos márgenes establecidos.
El ITBMS que se le cobre a los profesionales de seguros, valores y bienes raíces, según algunos expertos vinculados a la Cámara de Comercio, puede considerarse una doble tributación y hasta ser denunciado por inconstitucional.
Y la privilegiada clase empresarial de la Zona Libre de Colón, que se empecina en no aceptar la fórmula “impuesta” por Vallarino, tiene la opción de “desmaterializar” sus transacciones y olvidarse de reexportar a Panamá, máxime que ahora se va a penar con cárcel la venta al menudeo dentro del puerto franco, una práctica diaria y usual.
Si su argumento es la pérdida de competitividad, o sea que venderán menos y declararán menos ingresos, ¿no existe el peligro de un incremento del desempleo?
¿Porqué, como expone la Cámara de Comercio de Panamá y la Asociación de Ejecutivos de Empresa, no se habló un poco más del asunto y se empezó por proponer la eliminación del CAIR, la reducción del porcentaje del impuesto a la renta y la aplicación del flat tax de una buena vez?
Los economistas concuerdan que es sano acabar con la práctica de endeudarse para cubrir el gasto social, pero la fórmula utilizada no parece ser la más adecuada si, al final, esos mismos pobres que se dice se va a ayudar quedan cargando los nuevos tributos.
Además, cómo se puede esperar en este panorama que gane terreno la formalización de las empresas si lo que avistan es una carga impositiva que le restará su ingreso real.
