La problemática en el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, así como el proyecto de ley 13 que suspende tres hidroeléctricas y la suspensión temporal de la licencias eólicas en el país, preocupa a inversionistas nacionales.
Para Eduardo de la Guardia de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP) está situación preocupa desde el punto de vista empresarial la estabilidad jurídica de las inversiones en Panamá y el mensajes que se está mandando a inversionistas extranjeros.
De la Guardia señaló en el programa dominical Radar, que el tema de Barro Blanco va más allá de un problema entre las comunidades indígenas y la empresa, ya que afecta la banca que financia el proyecto, así como a las aseguradoras que dieron fianza a la construcción de la hidroeléctrica.
El empresario pidió al gobierno que trate de acelerar más este diálogo, ya que tenemos un año de estar en el limbo y desean que solucione los más pronto posible la situación que está afectando a muchos actores.
Por su parte, Antonio Chang del Centro de Incidencia Ambiental acotó que el acuerdo dado entre el Gobierno y las autoridades indígenas esta hecho para no llegar a ningún acuerdo, donde la naturaleza del mismo no satisface a quienes están en la mesa y no pueden hablar.
Manifestó que las comunidades en la Comarca están sumamente desconfiadas ante este acuerdo.
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