Estas cifras, explican fuentes de la Comisión, son estimaciones, porque las propuestas no obligan a desguazar un determinado número de buques, sino que ofrecen incentivos para ello, con el fin de reducir la pesca entre un 30 y un 60%, dependiendo de las distintas especies y caladeros. En cualquier caso, se trata de la mayor reforma llevada a cabo en el sector en los últimos 30 años y no está exenta de polémica.
El paquete prevé la supresión de las ayudas públicas a la introducción de nuevos barcos pesqueros, como medio para hacer frente al exceso de capacidad.
A cambio, Bruselas prevé incrementar el dinero, en 272 millones de euros (2003-2006), destinado a ayudar a los pescadores a encontrar un trabajo alternativo y a la reestructuración del sector.
La Comisión también propone reforzar y armonizar las sanciones contra la pesca excesiva. Los controles serán intensificados mediante la creación de una estructura conjunta de inspección en la UE.
