El acuerdo, surgido a iniciativa de Colombia, establece solicitar al FMI "dar un tratamiento más flexible a la contabilización del gasto en inversión" a fin de tener "más espacio fiscal para el gasto social, proyectos y programas en la lucha contra el hambre", de acuerdo con el texto final.
Los representantes de los países de América Latina que integran el G-Río se reunirán antes de fin de año en Bogotá, para definir una posición conjunta precisó el presidente de Chile, Ricardo Lagos.
"Sin embargo, los latinoamericanos estarán forzados a pagar la tasa más alta y tendrán una mayor desventaja competitiva respecto a los ACP a expensas de las naciones exportadoras pobres de América Latina", añadió la misma fuente.
Los estudios de la CEI indican que con cualquier arancel por encima de los 75 euros por tonelada es "casi seguro" que el acceso de los latinoamericanos se reducirá porque potenciará los envíos de los ACP, especialmente África.
De bajar el acceso a los países latinoamericanos habría serias consecuencias en la Organización Mundial del Comercio (OMC), porque si no se mantiene el acceso de las bananas de América Latina, el nuevo arancel será ilegal.
El sistema actual, vigente desde junio de 2001, es una combinación de cuotas asignadas, licencias y aranceles que varían el acceso entre países y regiones, pero que deberá cambiar desde enero de 2006.
