Por este medio me permito aclarar una información equivocada contenida en el editorial "Claridad en las cuentas del Estado", correspondiente a la edición del martes, 11 de mayo de 2004, del diario que usted dirige, el cual obviamente se inspira en la noticia del día 10 de mayo titulada, "Gobierno entrante tendrá que poner las cuentas claras".
Es importante entender que las cifras que el estado panameño le entrega a la comunidad nacional e internacional son las que oficialmente emite la Contraloría General de la República y que son la base para los análisis económicos y financieros que emite el Ministerio de Economía y Finanzas. Es una distorsión que raya en la irresponsabilidad que en forma sistemática se pretenda poner en dudas las cifras oficiales del Estado, en base a percepciones y opiniones de particulares, la mayoría de las veces sesgadas por intereses políticos o de grupos de poder. Es vital darle credibilidad a nuestras propias cifras si queremos que los analistas externos emitan opinión sobre el país en base a información oficial, que tiene como único interés proyectar la realidad nacional. Eso es lo que por decenios ha venido haciendo la Contraloría General de la República en base a las funciones que su ley orgánica define.
También es vital entender que las reformas que periódicamente se tienen que hacer a las estadísticas y registros del estado son fundamentales para mantener actualizada la visión de país y reflejar la realidad, tanto en su situación fiscal como en los aspectos económicos. Por lo anterior, parece que algunos sectores se rehúsan a entender las razones que impulsan a todos los países del mundo, periódicamente, a revisar y actualizar las series del Producto Interno Bruto (PIB). Pretender que Panamá no lo haga, es tratar de mostrar al mundo un Panamá inexistente y atrasado a niveles de desarrollo en decenas de años, con el daño consiguiente para el país. Ello se reflejaría en mayores costos de financiamiento, menores oportunidades de inversión directa y, por lo tanto, en su desarrollo económico. Es por todo lo anterior que es inaceptable emitir juicios y dar opiniones superficiales sobre una materia tan importante como la que he señalado. La Contraloría General de la República, que es la que proporciona la información base para tener una visión real de nuestro país, se merece el respeto y la consideración de todos los panameños.
Con respecto a la inclusión de los resultados operativos de la Autoridad del Canal, el editorial afirma que, "de ese modo, las cifras que iban mostrando un color rojo de déficit, se fueron tiñendo de negro positivo, gracias a los robustos resultados que cada año arroja la vía interoceánica" La inclusión de los resultados de la operación del Canal en los balances del sector público no financiero (SPNF) es una decisión del actual Gobierno, que hizo buena la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) suscrita en 1997 por el Gobierno del Dr. Ernesto Pérez Balladares. La Contraloría General de la República registró en su contabilidad desde el año 2000 las cifras del Canal de Panamá, como era indispensable hacerlo, ya que la Autoridad del Canal de Panamá es la corporación más importante del Estado panameño. Esta decisión, basada en el hecho de que el Canal pasó al control del Estado panameño el 31 de diciembre de 1999, por supuesto que ha tenido un impacto positivo en las finanzas públicas y en el balance final del SPNF. Pretender no incluirlas raya en el ridículo si entendemos que en todos los países del mundo las entidades del Estado están incluidas en las cuentas fiscales porque son parte del respectivo Estado para bien o para mal del país. Nadie entendería en Chile que la participación del Estado en el cobre chileno (CODELCO) no estuviese incluida en las cuentas fiscales de ese país, ya que su exclusión disminuiría la imagen real del país en perjuicio de la nación, ni que las empresas estatales de petróleo en México, Venezuela y Brasil tampoco lo estén.
No existe razón alguna para que en el caso de Panamá se excluya el activo productivo más importante del Estado, a no ser que exista algún interés en que la comunidad internacional no vea al país real, o que exista algún resabio en el subconsciente de algunos panameños de que aún existe la Zona del Canal; el Canal de Panamá es panameño y no puede estar excluido de las cuentas fiscales. La virtud de esa decisión la han reconocido tanto el FMI como las calificadoras de crédito y diferentes analistas nacionales e internacionales que han estudiado objetivamente este tema.
Al aludir a los cambios introducidos en la metodología para el cálculo de las cuentas fiscales y del Producto Interno Bruto (PIB), sostiene el editorial que esos cambios no permiten comparar una administración con otra y, en otra parte desafortunada, afirma, falsamente, que, "la actual administración introdujo nuevos rubros para la suma del Producto Interno Bruto (PIB), con lo cual sus resultados se elevaron como por arte de magia, sin producir un solo centavo de más".
El autor aparentemente ignora el hecho de que la actualización de la metodología para calcular el PIB era una tarea impostergable del Departamento de Cuentas Nacionales de la Contraloría General de la República, que había sido iniciada desde mediados de la década de los "90. El cambio era necesario, pues la metodología utilizada en el pasado para calcular el PIB usaba 1982 como año base, parámetro anacrónico que no reflejaba la realidad de la economía panameña, por subestimar renglones que representaban económicamente mucho más que el valor que le asignaba el viejo sistema; además, cuando se corrige el año base se revisan todos los índices del Producto Interno Bruto de los años anteriores en forma automática, lo que los hace plenamente comparables.
Ese esfuerzo de actualización de la metodología del cálculo del PIB, una tarea altamente técnica y científica, contó con la valiosa asesoría de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Dr. Juan Luis Moreno-Villalaz, economista del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El cambio era necesario para poner al día los precios relativos usados en la serie del PIB real, introducir nuevas definiciones y formas de presentación recomendadas por organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, la Comisión Europea, etc.) y para revaluar y redefinir métodos de estimación del PIB y el valor agregado sectorial. Todo ello para lograr un cálculo que refleje la realidad de la economía, no para "maquillar" la situación, como señalan peyorativamente dicho editorial, y otros encabezados de noticias.
Distinto a la imagen que han intentado vender algunos medios, nuestra gestión en el manejo de la economía y las finanzas públicas ha sido absolutamente transparente. La información que explica la inclusión de la ACP en las cuentas nacionales y el cambio en la metodología para el cálculo del PIB ha sido ampliamente divulgada por todos los medios y se encuentra disponible en nuestra página web (www.mef.gob.pa). En la actualidad, el Ministerio de Economía y Finanzas prepara toda la información económica y fiscal para posibilitar una transición de gobierno fluida, completa y transparente, situación que no se dio cuando la presidenta Mireya Moscoso recibió el país del gobierno PRD. Además el actual gobierno ha tomado medidas fiscales, para garantizarle al país la estabilidad macroeconómica que permanentemente, y aún en circunstancias de desaceleración de la economía mundial, regional y nacional, este gobierno ha sustentado y que son la base para el desarrollo sostenible. El país es de todos los panameños y el desarrollo de la economía, que es vital para desarrollo sostenible, es tarea de todos. Ello implica que debemos desprendernos de mezquindades y pequeñeces propias de las coyunturas políticas o de las luchas por el poder, para tratar entre todos de buscar el mejor destino para nuestra Patria.
Le agradezco publicar esta aclaración en base al derecho a réplica.
Evite lanzar expresiones como: "¿Qué te pasa?" o gritarle. Así no le va a decir nada. Va a saber que lo que está haciendo es inadecuado, pero va a sentir temor de denunciarlo. Va a seguir escondiéndolo, máxime si es un niño/a vulnerable (con baja autoestima o que ha sido sobreprotegido).
No hay que olvidar que hay muchos factores psicológicos que influyen. Esto es una dinámica donde la persona que tiene más poder (edad, conocimiento, autoridad) se impone. De allí que, pone el ejemplo, entre una niña de 25 años con Síndrome de Down y un niño de 14 que no tiene esta discapacidad hay una desigualdad de poder. El domina.
Recuerde que el/la agredido/a se halla en una encrucijada, una ambivalencia, dado que por lo general alguien que comete abuso sexual en contra de u niño/a es una persona conocida del/la abusado/a. Y "es muy difícil para él acusarlo cuando es la persona que lo protegió. En cierta forma el padre es una extensión del hijo y el hijo del padre. Llevan la misma sangre".
Las personas cometen el error de hablar mal del abusador. Es muy difícil abstenerse de hacerlo, es complicado, pero, hablar mal de él no ayuda al niño.
