El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Consorcio Hidrotec Limitada Ingenieros Consultores/F.Icaza y Cia S.A., firmaron ayer el contrato para el inicio de los estudios de factibilidad del Proyecto de Riego "Remigio Rojas" ubicado en Alanje, provincia de Chiriquí.
Pedro Gordón, ministro del MIDA, manifestó que además de los estudios económicos se hará el de impacto ambiental, igualmente los diseños finales que se utilizarán en la construcción del sistema de riego.
Este es el primer proyecto de riego adjudicado de los cuatro sistemas que se construirán, y que luego de su firma pasará a la Contraloría General de la República para que pueda perfeccionarse. Asimismo, anunció la firma del contrato entre el MIDA y el Fondo de Preinversión y se envió al Viceministerio de Economía y Finanzas.
Por otro lado, el representante de la empresa F. Icaza y Cia S.A., Florenco Icaza dijo que el consorcio formado por ellos ha avanzado con los prerequisitos y planificación que se necesita para la ejecución de este contrato y aseguró que "tengan la confianza que por parte del consorcio el proyecto no sólo se hará en el tiempo que se requiere, sino que será un ejemplo para los proyectos de riego de Latinoamérica". Subrayó que el consorcio especialista en este tipo de obras ha desarrollado proyectos similares y más grandes en otras partes del mundo, por lo que garantizan el desarrollo de un buen trabajo.
Este tipo de acciones, sostiene el funcionario, tienen por objeto desincentivar en sus contribuyentes la utilización de servicios financieros y legales e incluso de seguros provenientes de Panamá, acciones aplicables bajo el principio recogido en sus legislaciones que consideran a Panamá un paraíso fiscal o un territorio de baja o nula tributación.
Desde hace algunos años nuestra oferta de bienes y sobre todo la de servicios ha sido afectada paulatinamente por políticas especialmente administrativas tributarias o estrictamente de recaudación, que han hecho de nuestros servicios poco atractivos a los consumidores en el exterior.
Se espera que con esta ley se limite a las empresas de estos países su participación en actos públicos y que desde el mismo sector privado de esas naciones que tienen interés de hacer negocios con Panamá, sobre todo en los próximos años donde se darán obras significativas, estas empresas sirvan de vehículo para hacer llegar a sus gobiernos el rechazo y la inconformidad de nuestro país por este tipo de medidas.
El secretario general de la Cancillería aclaró que el objetivo de la ley no es limitar la capacidad de propuestas de todas partes para obras públicas que se realizan en el país.
Asegura que la nueva norma jurídica es plenamente compatible con las obligaciones de Panamá ante la Organización Mundial del Comercio OMC, en calidad de miembro y se ha hecho un trabajo cuidadoso para enmarcarla dentro de estos compromisos donde ningún país podrá decir que violenta los principios de acuerdos y las obligaciones.
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