Una misión técnica conjunta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial llegará hoy a Argentina para auditar el proceso de renegociación de los contratos de concesión de los servicios públicos.
Esa misión ha despertado sospechas en las entidades locales de usuarios y consumidores sobre un nuevo ajuste tarifario, pese a que las autoridades argentinas y de los organismos multilaterales aseguraron que sólo observará las negociaciones entre el Gobierno y las empresas concesionarias.
"Hace rato que el FMI viene presionando al Gobierno por un "tarifazo"..., nuestras sospechas no son infundadas", indicó ayer el abogado Horacio Bernsten, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Argentina.
El jueves pasado, al anunciar desde Washington el envío de esa misión conjunta, el portavoz del FMI, Thomas Dawson, explicó que el objetivo es estudiar "varios asuntos relacionados con la cuestión de las tarifas de los servicios públicos" "No es una misión negociadora sobre el aumento de las tarifas", aseguró.
222La misión llegará en momentos en que un técnico del FMI, Jorge Baca Campodónico, se encuentra en Buenos Aires sujeto a un proceso de extradición y con libertad restringida.
La misión, según Dawson, ofrecerá "asistencia técnica" al Gobierno de Eduardo Duhalde para poner en práctica "los compromisos adquiridos" sobre el sector de los servicios públicos en el acuerdo con el FMI logrado el pasado enero para la reprogramación parcial de la deuda pública argentina.
Por su parte, el vicepresidente del BM para América Latina, David de Ferrantis, quien estuvo en Buenos Aires en enero último, aseguró que la misión "se acotará a dar ayuda de carácter técnico", pues la decisión "de cuánto y cuándo aumentar las tarifas es exclusiva del Gobierno" argentino.
Pero Bernsten recordó que el propio Dawson había admitido que existe "una carta complementaria confidencial" en el acuerdo con el FMI, texto en el cual "bien pueden existir cláusulas para un nuevo ajuste tarifario". "No podemos olvidar de que (la vicedirectora gerente del FMI, Anne) Krueger exigió aumentos tarifarios de entre el 30 y el 50 por ciento", indicó.
El Gobierno argentino incrementó hace dos semanas, por decreto presidencial, las tarifas de los servicios de electricidad y de gas entre un 7 y un 17 por ciento, según los volúmenes de consumo, y anunció subas similares para el mes próximo para otros servicios públicos.
El aumento tarifario fue inmediatamente apelado ante la Justicia por todas las entidades de usuarios y consumidores, con el aval del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, por considerar que el mecanismo utilizado por el Gobierno para ese incremento viola leyes y los contratos de concesión de servicios públicos.
