El presidente de la Unión Nacional de Consumidores de Panamá (UNCUREPA), Secundino Rujano denunció ayer que la organización que dirige "ha identificado una mafia" en la que varias mueblerías de la localidad se prestan para vender artículos a crédito y prestar dinero en efectivo a funcionarios públicos a través de pensiones alimenticias fraudulentas.
De acuerdo a Rujano, las denuncias de este ilícito fueron presentadas a la UNCUREPA por varios de los afectados, ya que después de haber llegado a un acuerdo con las mueblerías descubrieron que una vez saldadas sus necesidades, "han quedado prácticamente hasta el cuello en deudas y no soportan más la situación" .
El presidente de la UNCUREPA explicó que toda la trama se inicia cuando un determinado empleado público, que tiene su capacidad de descuentos al límite, se acerca al establecimiento comercial con el deseo de adquirir un electrodoméstico o un préstamo en efectivo.
El trato es aceptado sin ningún impedimento por los dueños del local, sin embargo la deducción no se hace por medio de los procedimientos establecidos, sino que se procede a interponer una pensión alimenticia a nombre de una mujer con la que el cliente no tiene ninguna relación.
Al principio la persona queda realizada y hasta se burla del sistema de descuento de la Contraloría, no obstante cuando empieza a bajar el descuento de la pensión alimenticia, "la risa se les transforma en mueca, ya que la famosa deducción se grava hasta con un 18% de interés."
Rujano enfatizó que es inmoral que algunos comerciantes se aprovechen de la necesidad de los panameños para cometer una operación que a todas luces es ilegal, "porque una transacción mercantil no se puede saldar por medio de una pensión alimenticia, que se puede descontar por un número indeterminado de años".
Destacó que lo peor de la situación es que estas transacciones irregulares se encuentran involucradas una gran cantidad de ciudadanos e importantes mueblerías de la localidad, lo que perjudica al resto de los comerciantes.
Precisó que una vez la UNCUREPA termine de realizar las investigaciones y consultas procederá a interponer una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación contra las mueblerías involucradas, "porque este es un hecho donde hay mezcladas muchas personas y se está defraudando al fisco nacional". Rujano prefirió mantener en reserva el nombre de los negocios.
Sobre las denuncias de Rujano, Manuel Pérez López, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Mueblerías respondió que el gremio no tiene ninguna prueba al respecto pero que si es cierto que algún miembro del gremio incurre en está práctica la Asociación sería la primera en condenarlo.
Pérez López le exigió a Rujano que no generalice y si conoce de alguna mueblería que vende por pensión no debe dudar en dar a conocer el nombre para que no involucre al resto de los empresarios, "porque acusar es fácil, pero muchas veces presentar las pruebas no es tan sencillo".
Para el director ejecutivo de la Asociación de Mueblerías, estas acusaciones son muy temerarias, a pesar de que aceptó que hace algunos años se dieron este tipo de prácticas, pero aclaró que fue la agrupación y "no Rujano ni UNCUREPA los que acabaron con ellas".
"Si sabemos de algún asociado que realice descuentos por medio de pensiones nosotros seremos los primeros en ir a la Contraloría o donde haya que ir para que se levante esa pensión", acotó Pérez López.
Aclaró que precisamente por este tipo de situación en días recientes se admitió como funcionario de planta de la Asociación a un abogado, para que se encargue de investigar cualquier pensión que pueda ser fraudulenta, sea a favor o en contra de los clientes.
Explicó que muchas veces para eludir responsabilidades son los propios funcionarios los que deciden ponerse una pensión fraudulenta, lo que ha hecho que en estos momentos haya millones de dólares en la calle sin poderse cobrar, perjudicando no sólo a los muebleros, sino también los bancos y financieras.
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