Nuevas anomalías surgen en licitación de cárcel en Colón

El Consorcio Centro Penitenciario Colón, integrado por International Business and Trade (IBT) y Constructora Rodsa, sigue en el ojo de la tormenta. Una de las empresas que compitió por el contrato de la nueva cárcel presentó a la Dirección General de Contrataciones Públicas graves acusaciones que podrían revocar el acto de licitación y hasta terminar con demandas internacionales en España.

El pasado 12 de octubre, el Ministerio de Gobierno, a cargo de la ministra María Luisa Romero, adjudicó el contrato para la construcción de la nueva cárcel de Colón al consorcio compuesto por IBT y Constructora Rodsa, basándose en un cuestionado informe de evaluación.

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La comisión evaluadora integrada por Manuel Patterson, Fermín Caballero, Maribel Cedeño, Gilma Chiari y Alma de León descalificó a los dos competidores que tenía el consorcio integrado por Constructora Rodsa alegando razones de formalidad en algunos requisitos de papel.

El Consorcio Sistema Penitenciario Colón se alzó así con el contrato de 76.7 millones de dólares para realizar el diseño y construcción del nuevo complejo penitenciario de Colón, de acuerdo al acto público 2017-0-04-03-LV-09.

Sin embargo, China State Construction Engineering Corp. presentó un reclamo con contundentes denuncias sobre su competidor: el Consorcio Centro Penitenciario Colón.

De acuerdo con China State Construction Engineering Corp. no fueron evaluados los requisitos mínimos obligatorios y de tipo técnico exigidos en el pliego de cargo con respecto a la propuesta del Consorcio Centro Penitenciario Colón, integrado por IBT y Constructora Rodsa, "propuesta que no debió ser ponderada".

De acuerdo con la empresa asiática, la propuesta de Consorcio Centro Penitenciario Colón tiene falta de pruebas de veracidad que respalden las experiencias aportadas por IBT y Rodsa. "Además la experiencia que se pretende acreditar es aportada por empresas que fueron subcontratistas de quien obstenta la calidad de contratista ante el dueño de la obra", señaló China State Construction Engineering Corp. en su acción de reclamo.

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"Son experiencias aportadas por un tercero que no corresponden a uno de los miembros del consorcio, ni a un subcontratista designado mediante el formulario 15. Teniendo en cuenta lo anterior, dichas experiencias no debieron ser tomadas como válidas por la comisión evaluadora", dijo la empresa reclamante.

Entre las experiencias cuestionadas por la empresa china están las que nombró IBT y Rodsa en centros penitenciarios de España (Lérida, Bayamón, Ponce, Guyana y Río Piedra).

También se señalan otras experiencias en sistemas especiales que no tienen soporte de veracidad como detención de incendio, humos e interfonía en centros penitenciarios.

En marzo pasado, IBT logró individualmente el contrato para la construcción del nuevo centro femenino de rehabilitación en Pacora por 27.6 millones de dólares. IBT es la misma empresa que causó polémica por supuestos sobrecostos en la construcción de los Minsa Capsi. Al inicio de la administración Varela, el Gobierno anunció un acuerdo con IBT para que la empresa pudiera seguir con sus contratos que incluían cuatro hospitales hasta ahora no terminados: Colón, Los Santos, Bugaba y Metetí.

En esta licitación, la Comisión Evaluadora descalificó a la única empresa que competía con IBT: el consorcio Coexco. Hasta este año, a IBT Group solo se conocía en Panamá en la construcción de hospitales.

Luego de la licitación de la cárcel de Pacora, IBT buscó una alianza con una de las empresas que más contratos ha ganado en el gobierno de Varela: Rodsa.

Fue así que presentaron a través del Consorcio Centro Penitenciario Colón una oferta para la nueva cárcel de Colón, pero esta vez por un negocio mucho mayor: 76 millones de dólares.