El anuncio efectuado por la presidenta Mireya Moscoso, donde comunicaba que el Gobierno pretende vender el 49% de las acciones que mantiene en Cable & Wireless, para tratar de conseguir capital, ha despertado reacciones compartidas entre los sectores empresariales, que apoyan hasta cierto punto esta decisión, y las clases populares, representadas por los grupos sindicales, que se oponen decididamente a la medida y amenazan con cerrar las calles si se insiste en llevar adelante la negociación.
Algunos empresarios, entre los que se encuentran miembros del CoNEP, como Nibia Castrellón y Juan Planels, han señalado que la decisión de vender el resto de las acciones podría ser acertada, ya que insisten en que el Gobierno debe dejar la operación de las empresas estatales en manos de compañías privadas, ya que éstas son administradores más eficientes y menos burocráticos.
Sin embargo, los gremios sindicales se oponen a esta decisión, ya que según ellos, sería darle luz verde a un consorcio multinacional para que haga lo que quiera con las telecomunicaciones del país y han amenazado con iniciar protestas para manifestar su rechazo a la propuesta.
Los primeros en oponerse a la venta del 49% de las acciones del gobierno son los propios trabajadores de Cable & Wireless, que señalan que ésta no fue la política que pregonó el Partido Arnulfista y los otros gremios políticos que lo apoyaron en la hoy alianza de gobierno.
De acuerdo a Boris Vergara, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Cable & Wireless (SINTCAWIPSA), la organización sindical de esta empresa rechaza categóricamente la decisión de la presidenta Mireya Moscoso, debido a que esto sería un gran error, ya que si a estas alturas el gobierno se ha declarado incapaz de resolver el problema del aumento de la luz y las tarifas telefónicas, "¿con qué capacidad podrá defender al pueblo el día que se privaticen totalmente las telecomunicaciones en este país?".
El dirigente de SINCAWITSA recalcó que la presidenta Moscoso debe tener mucho cuidado en vender las acciones del Gobierno, porque podría violar la Constitución, que señala que una compañía extranjera no puede tener el 100% de las acciones de una empresa de servicio público en Panamá.
Agregó, igualmente, que la venta del 49% de las acciones que se encuentran en poder del Gobierno no puede ser tan fácil, sobre todo porque a los trabajadores se les adeudan varios millones de dólares en prestaciones producto de la privatización, sin que hasta el momento nadie se haya responsabilizado por esta anomalía.
El directivo del SINTCAWITSA sostiene que Mireya Moscoso tiene que ser más creativa si necesita dinero, porque "si vendemos todas las empresas que le quedan al gobierno ¿con qué nos vamos a quedar el día de mañana?" . Advirtió asimismo que la mandataria no debe repetir lo que hizo Pérez Balladares, a quien no le importó para nada el pueblo, que hoy paga las consecuencias de la privatización sin que el Ente Regulador haga nada para evitarlo.
"Al ritmo que vamos van a privatizar todo y si no hacemos algo para evitarlo pronto venderán al pueblo como esclavo", dijo Vergara.
Destacó que no entiende a la presidenta, ya que se habla de soberanía total porque Estados Unidos nos devuelve una franja de tierra, pero no se da cuenta que vender el 49% de las acciones que posee es entregar a una transnacional extranjera las entrañas de las comunicaciones en todo el país.
CONUSI
Por su parte, Gabriel Castillo, secretario general del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CONUSI), señaló que esta combativa agrupación demostrará en las calles su rechazo a este proyecto neoliberal que intenta llevar adelante la presidenta Mireya Moscoso.
Castillo señaló que en estos momentos, que el Gobierno mantiene el 49% de las acciones, no se ha podido impedir el alza de las tarifas que ejecuta Cable & Wireless, ahora cuando esta empresa controle todas las acciones y el monopolio sea más fuerte, el pueblo estará a merced de que esta transnacional suba los precios cuando lo desee para recuperar su inversión lo antes posible y al paso obtener la mayor cantidad de ganancias que puedan.
"Ya le hemos dicho a la presidenta Moscoso que estamos en contra de que el gobierno venda el resto de las acciones que mantiene en Cable & Wireless y si este proyecto sigue avanzando tomaremos las acciones de fuerza necesaria para impedirlo", enfatizó el dirigente de CONUSI.
Castillo sostuvo, igualmente, que si el Gobierno necesita dinero, existen varias instituciones financieras donde se pueden conseguir recursos, además se puede hacer más eficiente la recaudación de impuestos, "pero no tiene que tratar de conseguir capital vendiendo las acciones del antiguo INTEL, porque éstas les pertenecen a todo el pueblo".
Agregó que después de criticar tanto a Pérez Balladares, ahora los arnulfistas siguen los mismos pasos privatizadores y tratan de aplicar la política neoliberal que tanto daño le ha causado a las clases populares.
El secretario del CONUSI dijo que entregar los activos de un país a una empresa privada internacional es poner al pueblo a merced de empresarios extranjeros que no tienen la menor sensibilidad social ni le interesa que la población tenga una vida decorosa.
Finalmente agregó que el CONUSI analiza la propuesta de Mireya Moscoso, para descubrir si algunos sectores arnulfistas están detrás de la misma y pretendan ser ellos, en asociación de otras multinacionales, los que compren las acciones del desaparecido INTEL.
CONVERGENCIA SINDICAL
Otra central obrera opuesta a la venta del 49% de las acciones que posee el Gobierno en Cable & Wireless es Convergencia Sindical, cuyo secretario general Augusto Castillo sostiene que en todo momento se debe tratar que el Estado tenga algún nivel de participación en empresas estratégicas de servicios públicos, como es el caso de Cable & Wireless.
Para Castillo, si por alguna razón el Gobierno tiene que vender el 49% de las acciones que posee, esta medida debe darse dentro de una discusión democrática, donde participen todos los sectores sociales del país.
"El Estado panameño debe reservarse todas las acciones que posea, porque a pesar de que la globalización se impone actualmente en todo el mundo, existen empresas que no pueden entrar al rejuego de la libre oferta de los mercados, que es lo que parece auspiciar las Instituciones Financieras Internacionales", advirtió el dirigente.
Enfatizó asimismo que Mireya Moscoso debe entender que las telecomunicaciones, el suministro de energía eléctrica, el agua y los servicios de salud, el Estado no puede entregarlo a una transnacional, porque prácticamente sería ofrecerle el destino de todos los panameños en bandeja de plata.
Destacó que si se trata de conseguir dinero, el gobierno debe buscar otro tipo de alternativa y para él es totalmente factible que en lugar de vender el 49% de las acciones del antiguo INTEL, se haga uso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, el cual en estos momentos alcanza más de mil millones de balboas.
SITIESPA
Los obreros del sector eléctrico, en el cual el Gobierno también mantiene un importante capital accionario, igualmente ven la decisión de Moscoso como contraproducente y señalan que si se venden las acciones que el Estado tiene en Cable & Wireless, es casi seguro que luego se negocien las del desaparecido IRHE.
Para José Arosemena, secretario general del antiguo SITIRHE, ahora Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica (SITESPA), la medida de Mireya Moscoso sería poco adecuada, porque se le daría mucho poder a una empresa multinacional como Cable & Wireless, que no ha cumplido con todo lo que se le exige en el contrato de concesión.
Indicó que en estos momentos, a pesar de que el Estado, junto con los trabajadores, tienen la mayoría de las acciones, los empresarios ingleses son los que tienen el control absoluto de la compañía, "ahora habrá que imaginarse qué harán cuando tengan el 98% de las acciones".
Arosemena precisó que es importante que los panameños conserven un porcentaje de las acciones de Cable & Wireless, ya que si algún día el Gobierno quisiera asumir nuevamente el control de las telecomunicaciones, sea por asuntos estratégicos, o porque la privatización no mejoró el servicio, tendría las cosas un poco menos complicadas. Pero si vende su parte de las acciones, esta tarea sería casi imposible.
El secretario general del SITIESPA opina que en lugar de querer vender las acciones del antiguo INTEL y planear hacer lo mismo con las del desaparecido IRHE, que sería la solución más sencilla para conseguir algún capital, el gobierno
debe tener un poco más de imaginación y poner a producir las áreas revertidas, que valen cientos de millones de dólares, pero que actualmente generan muy pocos beneficios.
A diferencia de Castillo, de Convergencia Sindical, Arosemena opina que Moscoso no debe utilizar el capital del Fondo Fiduciario, porque éste es como la "gallinita de los huevos de oro" y si se acaba quedaríamos sin dinero y sin las empresas que fueron privatizadas.
"En estos momentos el apuro de vender las acciones del desaparecido INTEL y utilizar el dinero del Fondo Fiduciario no es sensato, ya que sólo sería una solución temporal a los problemas del país", acotó Arosemena.
CTRP
Otra agrupación sindical opuesta a la venta del 49% de las acciones del antiguo INTEL, y que amenaza con realizar protestas callejeras, es la Central de Trabajadores de la República (CTRP).
El secretario general de este gremio, Guillermo Puga, manifestó que esto sería darle una patente de corso a una transnacional para que aumente los precios cuando mejor le parezca.
Para Puga, es necesario que exista un equilibrio entre la empresa privada y los consumidores, ya que el Estado juega un papel importante dentro de Cable & Wireless, por lo que no debe vender las partes de sus acciones.
El sindicalista recalcó que en su campaña Mireya Moscoso prometió que no haría ninguna privatización, pero vender las acciones que posee el Estado en Cable & Wireless no es más que una privatización disfrazada.
De acuerdo a Puga, antes de pensar en vender cualquier activo que todavía le quede al Estado, la presidenta debe revisar los contratos de concesión, ya que a pesar de que el Gobierno posee igual cantidad de acciones, no tiene ninguna clase de injerencia en las decisiones administrativas que se tomen.
El sindicalista advirtió que la CTRP está dispuesta a oponerse a como dé lugar a las intenciones de Moscoso y no descartó la realización de manifestaciones callejeras, "porque el pueblo no soporta más imposiciones".
Contenido patrocinado
Últimas noticias
