Los obreros del privatizado Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), por intermedio de la comisión SITIRHE-COOTIRHE, pidieron ayer al defensor del pueblo, Italo Antinori, que interceda en la lucha contra el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, para que se les permita comprar el 10% de las acciones de la fenecida estatal de electricidad.
De acuerdo a Jorge Alegría, presidente de la comisión SITIRHE-COOTIRHE, encargada de negociar las acciones en nombre de los trabajadores, en la reunión se le pidió al representante del defensor del pueblo, Salvador Sánchez, que esta entidad reivindique los derechos de los trabajadores "que han sido mancillados por la Comisión para la Venta de las Acciones (COMVA), que es presidida por el ministro Aramburú Porras".
Agregó, asimismo, que se le solicitó al defensor del pueblo que lleve la voz de los obreros ante la Corte Suprema de Justicia y los organismos internacionales, para que Pérez Balladares recupere su credibilidad ante los trabajadores y les otorgue lo que les prometió cuando se mercadeaba la venta del IRHE.
Alegría precisó que también se le pidió a Antinori que investigue ¿por qué la COMVA no está operando actualmente y no atiende la solicitud que han hecho los obreros para que se les entreguen las acciones a las que tienen derecho?.
Según el sindicalista, no es justo que después de que el Estado utilizó a los trabajadores para privatizar el IRHE, bajo una supuesta participación social, "ahora el Gobierno pretenda quedarse con más de 80 millones de dólares en acciones y negociarlas en la Bolsa de Valores".
Añadió que igualmente se presentó toda la documentación que fundamenta la comparecencia de Aramburú Porras ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa, el próximo martes 13 de julio, por las violaciones cometidas contra la Ley 6.
Alegría destacó que los trabajadores acudieron al defensor del pueblo debido a que esta es la autoridad representativa para defender a todos los panameños, en especial a los obreros.
Recalcó, por igual, que es sumamente cuestionable que el propio Estado, que creó una ley que le otorgaba ciertos derechos a los obreros, propicie, por medio de un documento, que éstos renuncien a las conquistas adquiridas, violando incluso la Constitución Nacional.
Por su parte, Salvador Sánchez, representante del defensor del pueblo destacó que las causas de los trabajadores siempre han sido acogidas por la Defensoría del Pueblo, por lo que no se podía pasar por alto la solicitud de los obreros del antiguo IRHE, que ven sus esperanzas de desarrollo personal y familiar en la oportunidad de comprar acciones de las empresas eléctricas privatizadas.
Destacó que, una vez que se analice la documentación que se le entregó, se iniciarán las investigaciones que llevarán a determinar la responsabilidad del Estado panameño en torno a las acusaciones que hacen los trabajadores del antiguo IRHE.
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