Los trabajadores del desaparecido IRHE le pidieron ayer a la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa, que redactó la Ley 6 de 1997, la cual reglamentó la venta de la entidad, que emita algún tipo de fallo que defina de una vez por todas si los obreros que no compraron acciones con su liquidación, ahora tienen derecho a adquirir estos títulos.
A la reunión debió asistir el antiguo director del IRHE, actual presidente de la Comisión para la Venta de Acciones y Ministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, para explicar las supuestas irregularidades que han denunciado los trabajadores. Pero éste anunció que se presentaría hoy a las 10:00 a.m. Mientras tanto, para ganar tiempo, se le permitió a los obreros exponer sus inquietudes.
Entre los representantes de los empleados hicieron uso de la palabra, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del IRHE, (SITIRHE) José Arosemena; Jorge Alegría, presidente de la comisión SITIRHE-COOTIRHE, así como sus asesores legales.
En su intervención, recalcaron a los legisladores la mala voluntad del ministro Aramburú Porras, quien ha dicho que los trabajadores que no compraron acciones cuando los liquidaron y renunciaron a este derecho, ya perdieron su oportunidad de convertirse en accionistas de las nuevas empresas.
Los obreros explicaron que la Ley 6 no los obligaba a comprar las acciones con su liquidación. Además, insistieron en que si no las adquirieron fue debido a que no tenían una cultura de accionistas, no sabían qué empresas comprarían el IRHE, cuánto costarían las acciones o si permanecerían en su puesto, inquietudes que se han resuelto a estas alturas.
Además, indicaron que la acción del Gobierno de hacer que los trabajadores renunciaran a sus acciones viola la Constitución de la República y el Código de Trabajo.
Agregaron, asimismo, que no es justo que se haya violado la Ley 6 al permitir que empleados de confianza que no estaban cubiertos por la convención colectiva, pudieran comprar hasta un 100% de su liquidación en acciones, mientras se les niega esta oportunidad a los obreros que tienen legítimo derecho y una forma de financiar esta inversión a través del sistema de cooperativas.
Los trabajadores manifestaron temor de que su petición no tenga respuesta, dado que Aramburú Porras les ha adelantado que en agosto el tema de las privatizaciones será caso cerrado en su despacho, cuando el plazo de un año que tienen para comprar las acciones vence en septiembre.
Por su parte, Balbina Herrera, presidenta de la Comisión de Comercio, sostuvo que hoy esperará las explicaciones que tendrá que dar Aramburú Porras sobre este tema, en especial el hecho de que los obreros no pueden renunciar a sus derechos adquiridos al amparo de la Constitución.
Destacó que escuchó a los trabajadores y está claro que en su momento no se les ofreció la información correcta, todavía no ha vencido el plazo para que puedan comprar sus acciones y han conseguido el financiamiento, por lo tanto lo único que falta es buena voluntad para lograr un acuerdo.
Agregó asimismo que sería una lástima que las acciones de los trabajadores pasarán a manos de terceros y estos no pudieran ser parte del capital social de las nuevas empresas, cuando ese fue uno de los propósitos de la Ley 6.
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