Panamá es uno de los diez países de Mesoamérica que se encuentra discutiendo sobre la medición del gasto público en la seguridad alimentaria y nutricional (GPSAN).
Los países reunidos analizan la inversión y el gasto público para el diseño de políticas sostenibles para la seguridad alimentaria y buscan mecanismos que permitan incrementarlo.
“El compromiso de los gobiernos mesoamericanos con el derecho humano a la alimentación ha avanzado en la última década y se ha traducido en una serie de políticas y estrategias para contribuir a su cumplimiento; sin embargo, existe la percepción de que esta voluntad política no siempre va acompañada de un volumen de inversión pública coherente con los objetivos fijados en las políticas, indicó Diego Recalde, Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Durante la jornada se mencionó la reciente investigación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) que revela la preocupación sobre la sostenibilidad futura de los modelos de financiación de los programas de protección social.
En esta actividad que se lleva a cabo en Antigua, Guatemala, además de Panamá, están presentes representantes de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y República Dominicana.
