Panamá es considerado paraíso fiscal por la Unión Europea

La Comisión Europea lanzó un Plan de Acción fiscal como parte de su estrategia de lucha contra la evasión y la erosión de las bases imponibles en el que aparecen involucrados países considerados como paraísos fiscales entre ellos Panamá. Están incluidos en la lista  los países que al menos 10 Estados miembros consideran paraísos fiscales, según indica la publicación del diario El Mundo. Indica que la iniciativa es parte del lavado de cara que la institución necesita, pues su presidente, Jean-Claude Junker, fue durante 18 años responsable de algunos de los acuerdos tributarios ventajosos para grandes empresas que ahora la Comisión investiga. Entre los anuncios, una novedad: una lista negra de 30 paraísos fiscales, entre los que se encuentra Andorra, que "podrá utilizarse para cribar las jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal y desarrollar una estrategia común de la UE" para tratar con ellas, según los documentos publicados. Lo más llamativo, sin embargo, es esa lista negra, plagada de banderas con la Unión Jack. El lenguaje burocrático lo llama "lista paneuropea de jurisdicciones de terceros países no cooperativas en materia fiscal", y aunque deja fuera a Gibraltar o Luxemburgo, es para la Comisión un punto de partida. "No nos hemos inventado nada, no es subjetivo", justificó ayer Moscovici. El diario publica que parece que no es ya el caso de España con Andorra. En enero, Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro viajaron al Principado para aumentar la colaboración fiscal y firmar un convenio, aunque el intercambio de información fiscal entre ambos gobiernos es limitado aún. Sí hay tres más europeos: Mónaco, Liechtenstein y la isla de Guernsey. Hong Kong, Bermudas, las Caimán o Barbados, además de Panamá, entre otras. "Una posición fuerte de la UE contra los paraísos fiscales daría a los Estados miembros mayor fuerza para resistirse a la erosión de sus bases", insistió Moscovici. "Este Plan de Acción expone una serie de iniciativas para hacer frente a la elusión fiscal, garantizar unos ingresos sostenibles y reforzar el mercado único para las empresas" y juntas "mejorarán significativamente el entorno del impuesto de sociedades en la UE, haciéndolo más equitativo, más eficiente y más favorable al crecimiento", explicaron en rueda de prensa el vicepresidente Dombrovskis y el comisario Moscovici. Pero las dudas son grandes. La Comisión no tiene el poder que querría. Es la Comisión más política que ha habido, con pesos pesados, pero las capitales están frenando sus ambiciones, en inmigración y en impuestos. Por eso, antes de exigir que las empresas hagan públicos los informes de cuántos impuestos pagan y dónde, por ejemplo, Bruselas ha lanzado también una "consulta pública" que se cerrará el 9 de septiembre, para escuchar lo que tengan que decir "todos los ciudadanos, organizaciones y autoridades públicas". Una forma de presionar con la opinión pública, pero también de diluir responsabilidad y retrasar un proceso. Se ha vendido este miércoles, pero la Comisión se da 18 meses para ponerlo todo en marcha. Cuando la economía vaya mejor y el tema ya no esté tan caliente.