Panamá fue señalada como el punto de partida para el contrabando de cigarrillos.
Recientemente el diario El Milenio de dicho país realizó un trabajo investigativo en el que citan datos de la empresa tabacalera Phillip Morris, en los que se subraya que el flujo del contrabando de cigarros se inicia en Panamá.
En el informe se destacan las declaraciones hechas por Guillermo Oliva, director de Asuntos Corporativos para Centroamérica de Phillip Morris.
Oliva denunció que luego de que en países como México, Panamá y Costa Rica se endurecieran los gravámenes y se fortalecieran las políticas para desincentivar el consumo, se acrecentó la venta de productos ilícitos.
También subrayó que otro mal que se incrementa es que no se realizan contribuciones tributarias ni se tiene algún control respecto de los insumos.
El directivo dijo que en Panamá, después de que las autoridades aplicaron nuevos impuestos que elevaron el costo en un 100%, el mercado se inundó de cajetillas ilegales, por lo que el contrabando alcanzó una proporción de seis paquetes de cada 10 a la venta.
Ante tales declaraciones, Adán Castillo, director de Fiscalización Aduanera, de la Dirección General de Aduanas, explicó que sí se realizan ingentes esfuerzos para controlar el trasiego de cigarros.
Afirmó que para contrarrestar este tipo de piratería, se realizan inspecciones fiscales fronterizas; labores de patrullaje e inteligencia en los principales aeropuertos, puertos y zonas francas del país, en coordinación con otras entidades .
Castillo detalló que en el 2009 se incautaron cigarrillos valorados en $1,784,202.00 y que en el 2010 la cifra se incrementó drásticamente, y se cerró con un total de 23,215 pacas decomisadas, que arrojaron un valor CIF (precio de la mercancía incluyendo el costo, seguro y flete) de $8,125,250.00.
Aclaró que el 40% de las incautaciones provienen de Paraguay, el 30% de China y el otro 30% de India.
Castillo indicó que las marcas decomisadas no se comercializan legalmente en el Istmo y entran sin cumplir ninguna de las disposiciones legales impuestas por el Estado.
Sobre las penas para los que incurran en estas faltas, el funcionario citó el artículo 24 de la Ley 30 de 1984, en la que se establece que los responsables de defraudación aduanera, serán sancionados con penas de prisión de uno a tres años, y con multas de dos a cinco veces el valor de la mercancía objeto del ilícito.
Para los reincidentes se fijó prisión de cuatro a seis años, y una multa de cinco a diez veces el valor de la mercancía objeto del ilícito si el valor excediera de $50,000.00.
Detalló que en el caso de agentes económicos en Zona Libre, la defraudación aduanera tendrá como sanción administrativa complementaria la cancelación inmediata del certificado de operación.
Nélida Gligo, presidenta de la Coalición Panameña Contra el Tabaco (Copacet) , sentenció por su parte que esa es una falacia lo que informan las tabacaleras .
Gligo manifestó que no van a retroceder en sus logros y lo que sí piensan hacer es instar para que se aumenten más los impuestos en las próximas reformas que se le harán a la ley.
