Muchos panameños están en desacuerdo con pagar entre $3 y hasta $2,000 a personas no autorizadas para mejorar servicios como la reconexión de luz, obtener un estacionamiento o un cupo de taxi, sin embargo, se ven obligados hacerlo por la necesidad o el temor.
Y es que actualmente, un “bien cuidao” puede estar ganando por encima de los $2,000 si sacamos la siguiente cuenta: si una de estas personas “estaciona” tres carros por hora y cobra unos $3 por cada uno, asumiendo que trabaje ocho horas, estaría ganando $72 diarios, y si trabaja todos los días del mes, serían 2,160 dólares de ganancia ilícita y sin pago de impuestos.
“En un día bueno ‘paramos’ hasta cinco o seis carros por hora, depende de dónde estemos ubicados. El Casco Antiguo o Calle Uruguay son días buenos toda la semana”, aseguró un hombre de unos posibles 35 años que divide su tiempo entre corretear a los conductores y comer algo.
Sin embargo, cuando se le preguntó por qué hacía esto si la orilla de la calle era un espacio público en el que cualquiera puede estacionarse sin pagar, contestó preguntando “¿quién dice que no se puede?” y agregó que “si quieren el puesto, que paguen”, mientras que movía unos conos naranja para permitir el paso a un carro.
Héctor Golcher, quien asegura que cada vez que va a estacionar su vehículo debe pagar entre 3 y 5 dólares, comentó que “ellos están ahí porque quieren dinero, si no les damos dinero, entonces se irán, pero las autoridades también tienen que hacer su parte. No pueden cobrar por algo que es público”.
Por otro lado, otra usuario de estacionamientos, Gabriela Rodríguez, aseguró que “la gente les paga por miedo a que les roben, les rompan un vidrio o les hagan algo, ya que si no les pagan, se enojan y te insultan”.
La presidenta de la Asociación de Consumo Ético, Yakarta Ríos, se limitó a asegurar que este es un tema que le compete solucionar a cada Municipio. Este diario le ha preguntado a la Alcaldía sobre esta situación en repetidas oportunidades, pero no se ha recibido respuesta.
Pero este gasto que los panameños deben enfrentar por el miedo y la falta de regulaciones y estacionamientos disponibles no es el único pago que se les ha impuesto ilegalmente para poder obtener un servicio.
En el caso de la energía eléctrica, cuando a un usuario se le suspende el servicio por morosidad y posteriormente cancela el monto adeudado, la empresa procede a realizar una reconexión, la cual conlleva una multa.
Sin embargo, los trabajadores encargados de esta reconexión cobran hasta $20 por activar el servicio rápidamente, de lo contrario, el usuario debe atenerse a que el operario decida en qué momento ir a realizar la reconexión.
Esto sucede también con el servicio de recolección de basura.
Ríos comentó que en cuanto a este tema, el problema se inicia cuando se tercerizan los servicios básicos y se pierde el control de los mismos.
La experta en consumo explicó que “las empresas quieren el pago ya, pero una vez los usuarios pagan, la reconexión se les hace hasta en 48 horas”, lo que obliga a estos a pagar innecesariamente para acelerar este proceso.
De la misma manera, los panameños que desean desempeñar la labor de taxistas en el país deben atenerse a la consideración de los tenedores de cupos de taxi.
Según cotizaciones realizadas por allegados al sector, actualmente un cupo de taxi tiene un precio entre los 700 y los 2,000 dólares.
Esto a pesar de que la Ley 34 del 28 de julio de 1999, que regula y crea la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, establece en su artículo 2, numeral 7, la potestad a las “concesionarias” para la explotación del servicio de transporte público y de terminales.
Con este artículo se deja claro que es potestad de las concesionarias o prestatarias solicitar el otorgamiento de cupos del transporte público selectivo, que debería ser gratuito.
Como “extorsión” calificó estas prácticas Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de Panamá (Uncurepa), quien recomendó a los ciudadanos no pagar este tipo de actividades.
Si se considera esta calificación, en el Código Penal de Panamá, en su libro II, capítulo IV, título III, artículo 187 se señala que quien procure un lucro indebido a su persona o a otra, por medio de amenazas o intimidación, deberá tener una penalización de tres a cinco años de cárcel.
Para Acosta, la situación es producto de una anarquía, ya que las autoridades no hacen cumplir la ley.
