Los pescadores industriales venezolanos anunciaron que paralizarán a partir de mañana y de forma “indefinida” sus actividades, en rechazo a la Ley de Pesca decretada por el presidente del país, Hugo Chávez.
La Federación Nacional de Asociaciones de Productores Pesqueros de Venezuela (Fenapesca), que agrupa a un 95 por ciento de la flota pesquera industrial del país, decidió ir al paro tras consultar a sus bases y asociaciones, informó en un comunicado el presidente del gremio, Guido Solari.
La huelga es para “manifestar el desacuerdo con determinadas normativas que afectan de manera significativa al sector de la pesca industrial y drásticamente a la de arrastre, que impiden las faenas y redundará en la pérdida de empleos en una de las flotas más importantes de América”, indicó Solari.
La acción de protesta es además en apoyo a la central patronal Fedecámaras, que ha llamado a un paro nacional productivo de doce horas el próximo 10 de diciembre en rechazo de un paquete de 49 leyes que Chávez decretó el pasado día 13, y en el que está incluida la nueva Ley de Pesca.
El líder gremial dijo que existe “una necesidad perentoria de reformar artículos de la nueva Ley de Pesca que van contra la estructura de una flota que se ha consolidado como un haber del país, como estratégica en la defensa de la soberanía y en la producción de alimentos para la población”.
Solari propuso que se abra un lapso jurídico o “vacatio legis” de al menos un año, para que la Asamblea Nacional y grupos de trabajo del sector pesquero estudien las “complicaciones de la nueva Ley de Pesca”, y apliquen las reformas pertinentes.
Chávez ha calificado la nueva Ley de Pesca como un instrumento que permitirá el desarrollo ordenado del sector, especialmente de la llamada pesca artesanal o de pequeña escala, y que privilegia la protección del ecosistema marino que, dijo, está amenazado por la pesca de arrastre.
La decisión de Chávez de no someter a revisión las nuevas leyes junto a los sectores afectados por las mismas, llevó a la cúpula empresarial local a suspender el diálogo con el Gobierno y llamar al paro nacional productivo el próximo diciembre.
Chávez ha sostenido que dejará intactas las nuevas normas, e invitó a los empresarios a una “mesa de diálogo”, coordinada por el ministro de Defensa, José Vicente Rangel, para que participen en la redacción de los reglamentos que regirán la implementación de las polémicas leyes.
Fedecámaras rechazó la propuesta oficial, insistió en que sólo Chávez puede ser interlocutor con el empresariado y supeditó el diálogo entre las partes a que sean reformadas al menos 10 de las nuevas leyes, entre ellas las de Tierras, Hidrocarburos y la de Registros y Notarías.
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