El vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Mario De Diego, manifestó ayer que duda mucho que se puedan cumplir este año "las ilusiones" que tiene el Gobierno de salir de las listas negras de los países desarrollados.
Mientras que el excanciller de Panamá en Estados Unidos, Eduardo Morgan, advirtió que los cambios a las leyes que está por hacer el Gobierno a petición del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo (OECD) pueden ser peligrosos para el país.
Las declaraciones de Morgan y De Diego se dieron durante el foro "Panamá ante las listas negras: respondiendo al desafío", organizado por el Centro Panameño de Relaciones Internacionales y Estudios sobre Política Exterior.
Indica con pesimismo que a pesar que el Gobierno tiene listo el anteproyecto ley en el que se incluyen otros delitos al lavado de dinero, y está por aprobar un decreto de ley que le permite a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) intercambiar información con otros países, es muy difícil que en la reunión del 4 de octubre que el GAFI elimine a Panamá de su lista negra.
Según De Diego, el GAFI no reevaluará la posición de Panamá hasta que no se hagan las primeras pruebas, sobre todo en la parte del intercambio de información entre las UAFs.
"El problema no está en hacer los cambios a las leyes, sino en aplicar las nuevas normas, lo que es muy difícil", expresó el banquero.
Considera sensitivo el intercambio de información entre las UAFs, pues el 80 % de los casos reportados por los bancos como sospechosos son descartados y el otro 18% se determina que no merece ser transmitido a la Procuraduría General de la Nación.
Sin embargo, De Diego comentó que en la medida que estos grupos internacionales no tomen sanciones contra Panamá, el sector bancario puede sobrevivir por la credibilidad que tiene ante su clientela.
Pero países de América Latina, como México, Argentina y Venezuela, que no pertenecen a el GAFI, sí han tomado acciones contra Panamá, entre ellas un impuesto extraordinario a todas las operaciones bancarias que se hagan desde este país.
Así mismo, De Diego manifestó que no sólo las listas negras están atentando contra el centro bancario panameño. Actualmente en el Congreso de Estados Unidos hay dos proyectos de ley contra el lavado de dinero que, si son aprobados, le darán una facultad extraordinaria al Secretario del Tesoro, quien por su propia cuenta podrá decidir qué países o instituciones financieras son considerados indeseables y hasta prohibir todo tipo de transacción transaccio.
Por su parte, el abogado internacional Eduardo Morgan manifestó que no está de acuerdo con reformas a la Unidad de Análisis Financiero, para que pueda intercambiar información con otros países.
"Se debe tener mucho cuidado con estas reformas, porque nosotros estamos anexando a nuestro sistema de leyes principios de Estados Unidos que podrán ser manejados a su conveniencia", sostuvo Morgan.
Indicó que el mejor instrumento que tiene Panamá para contrarrestar estos ataques es la reciprocidad o la opción de medidas compensatorias.
Morgan señaló que muchas empresas en los países desarrollados están interesadas en concursar en las licitaciones para la construcción de obras grandes, como el segundo puente sobre el Canal, el tercer juego de esclusas, el ferrocarril y la unión de los corredores. Al momento de aplicarle los impuestos equivalentes a las sanciones, estas empresas regresarán a sus países a exigir que se saque a Panamá de las listas negras, propuso Morgan.
Panamá también tiene que usar a la Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo que cuenta con reglas que impiden que países apliquen sanciones de bloqueos económicos. Pero además se tiene que iniciar una campaña de divulgación de la realidad de lo que es Panamá, la magnitud de los proyectos bancarios y la cooperación en contra del lavado del dinero.
"No hay que tener temor de enfrentarse a los norteamericanos, a ellos le encanta la pelea y entre más se exige respeto más somos respetados", dijo Morgan.
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