Un grupo de multinacionales petroleras que operan en Bolivia, entre ellas la hispano argentina Repsol YPF, aceptó ampliar hasta junio del 2006 el plazo para negociar sus reclamos sobre la Ley de Hidrocarburos antes de ir a un arbitraje.
La aceptación de ese término o la disposición de hacerlo está contenida en cartas enviadas por las compañías al Gobierno en las últimas semanas y difundidas por la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara Baja, que recibió un informe del Ejecutivo.
La controversia entre las firmas del sector y el Estado boliviano se inició con la promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos en el mes de mayo del 2004, rechazada por las compañías por considerar que viola sus derechos y reduce su rentabilidad por los tributos que fija.
Desde entonces, las conversaciones para dirimir esos reclamos no prosperaron, pese a que la norma establecía el 15 de noviembre pasado como plazo final para que se cambien todos los contratos petroleros, 71 en total, de forma obligatoria.
Las firmas, de su parte, advirtieron al Estado con recurrir a tribunales internacionales al amparo de tratados de protección de inversiones si finalmente no se alcanzaban acuerdos concertados. En las recientes cartas, las empresas aceptan una propuesta del Ejecutivo de buscar una solución amigable y diferir las acciones judiciales hasta el 30 de junio del 2006 debido al carácter transitorio del Gobierno y a la cercanía de las elecciones del 18 de diciembre próximo.
En su misiva, la empresa Repsol YPF, señala que acepta la renovación del plazo si no se realizarán durante ese tiempo nuevos actos que menoscaben sus derechos.
La British Gas (BG) anuncia su disposición de aceptar el término, pero advierte de que se reserva el derecho de iniciar el arbitraje si las negociaciones de buena fe cesan.
Ante la falta de acuerdo, se atrasa la aprobación de la nueva propuesta, que estaba prevista esta semana, dentro del Consejo de Ministros de Economía sobre presupuestos.
Los países comunitarios volverán a tratar este asunto mañana, en otra reunión del Coreper.
La Comisión considera que es una "mala señal" que no haya acuerdo. Esto impide la aplicación del "tariff only" en enero del 2006.
Puede originar litigios dentro de la OMC y la demanda de grupos de expertos o paneles. La propuesta discutida ayer es la tercera para el "tariff only", ya que las dos anteriores (230 euros y 187 euros por tonelada) han recibido dictámenes negativos de los árbitros de la OMC.
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