Efectos
- 45% es el ahorro de energía de una edificación verde, según los especialistas.
- 50% podría incrementarse el costo de un proyecto que se concibe y ejecuta con tecnología verde.
Iniciativa
- $75 mil aportó el IFC para un estudio de los proyectos en Panamá, primera fase del programa.
- 2012 se aprobó la ley UREE, marco de la normativa que se busca crear para la industria.
La edificación de construcciones sostenibles en el país podría haber encontrado el impulso requerido frente a los efectos del cambio climático que hacen hoy en día imprescindible que las actividades humanas se realicen de manera amigable con el medioambiente.
El Gobierno de Panamá, a través de la Secretaría Nacional de Energía y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), suscribió un acuerdo de cooperación con la Corporación Financiera Internacional (IFC), institución del Grupo Banco Mundial, que permitirá diseñar un nuevo marco regulatorio, que fomentará la construcción ecoeficiente y la reducción del consumo de energía y agua en las nuevas edificaciones.
Aunque, según Carla López, secretaria del Green Building Council Panamá (Consejo de la Construcción Ecológica), el proyecto está en su primera fase, identificación de los distintos proyectos del país y su emisión de CO2, el principal reto es lograr construir de manera sostenible sin perder la rentabilidad del negocio ni afectar el cliente final.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Alexis Fletcher, asegura que el incremento de la inversión en un proyecto verde es de 50%, debido a que en el país no existen incentivos.
Implicaciones
“Si el metro cuadrado de una obra convencional cuesta 2,000 dólares, este costo podría aumentar hasta 3,000 dólares si se planifica de manera sostenible.
El experto detalla que la inversión en este tipo de proyectos se logra recuperar en un periodo de 6 a 10 años, pero con incentivos por parte del Estado el tiempo de recuperación disminuiría a cuatro años.
“La ventaja es que luego de construido el proyecto, existen importantes ahorros como por ejemplo de energía, el cual oscila entre un 40% y 45% , lo que produce un beneficio para los usuarios del inmueble que percibirían al momento de pagar su cuenta de luz.
Precisamente, el ahorro energético es lo que también busca primordialmente el Estado con la creación de un Código Verde para la industria, porque el beneficio va más allá de ahorrar costos al usuario del inmueble, ya que garantiza la sostenibilidad del ambiente.
La iniciativa surge en el marco de la ley de Uso Racional y Eficiente de Energía (UREE), como una manera de enfrentar la deficiencia energética que ha experimentado el país por los extensos periodos de escasez de lluvia que afectan el nivel de los lagos y limita la capacidad energética, debido a la dependencia de la energía hidro (60% de la generación).
Para los expertos, el Estado viene dando muestra de tener la voluntad para aplicar medidas amigables con el ambiente en el sector.
No obstante, “al Estado le toca tomar la decisión más importante que impulsaría la construcción sostenible en el país, la creación de incentivos por la aplicación de procesos, materiales y tecnología verde, asegura Fletcher.
A pesar de esto, la iniciativa, que en su primera fase (consultoría) ha sido financiada por el IFC, con un monto no reembolsable de 75,000 dólares, ha sido bien recibida por la industria.
“Nosotros somos contratistas y promotores, pero más que nada somos amigos del ambiente, consideramos que hay que preservarlo”, destacó el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Roderick McGowen, al ser consultado sobre la iniciativa impulsada para el sector por parte del Estado.
McGowen explicó que puede que haya incidencia o no en el costo de las obras, la industria está dispuesta a a buscar alternativas y soluciones viables para seguir con el dinamismo que tiene y a la vez conservar el medioambiente.
Luis De La Cruz, gerente de la empresa de arquitectura Lmentos, dedicada a desarrollar proyectos inmobiliarios, al igual que McGowen, está optimista con respecto a un código verde para la construcción.
“Esta ha sido la meta del Green Building Council por años. Es posible implementar tecnologías que ayuden a depender menos de los sistemas convencionales, que han contribuido al deterioro del ambiente”, manifestó De La Cruz.
Necesidad
Reiteró que los incentivos fiscales son necesarios y que benefician en mayor porcentaje a los usuarios.
Fletcher agrega que hay incentivos que deben ser urgentemente implementados, pero por falta de conocimiento de muchos funcionarios no se hacen efectivos para que las empresas involucradas, es decir importadores de materiales, los suplidores, los fabricantes se interesen en trabajar con estas tecnologías.
Para el experto, el Estado actúa igual que los desarrolladores actualmente, porque no decide implementar incentivos fiscales, debido a que percibiría menos ingresos, pero no toma en cuenta que a mediano y largo plazo la medida puede traerle mayores beneficios.
Fletcher tiene cierto recelo con la iniciativa del Estado. “Lo que sentimos es que estos son acuerdos que más que todo pueden generar algún tipo de intención, evidencia de que se tiene la voluntad, pero regularmente no se implementan, no aterrizan”, indicó.
Por su parte, López considera que no es el momento para darle relevancia a la normativa que creará el Estado en conjunto con el Green Building Council y otros sectores, porque es el último de los componentes del programa. “En su momento se harán las consultas necesarias”, dijo.
Detalla que el IFC ha propuesto una certificación para la construcción verde, denominada EDGE, con el fin de que las empresas que la obtengan puedan gozar de los beneficios que están establecidos en la ley UREE.
