El plan de ajuste de 47,000 millones de euros aprobado por el Gobierno italiano incluye una polémica modificación del código de procesos civiles que puede favorecer al primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, en una causa pendiente de su grupo empresarial, Fininvest.
Se trata del llamado caso Mondadori, actualmente en apelación, después de que el 3 de octubre de 2009 el Tribunal Civil de la capital lombarda condenara a Fininvest a pagar 750 millones de euros al conglomerado CIR por los daños patrimoniales derivados de la corrupción desatada en la pugna por el control de la editorial que da nombre al proceso. Después de varios días de especulaciones sobre el contenido del plan de austeridad, a pesar incluso de que ya había sido aprobado bajo la forma de decreto ley, el contenido del texto se filtró después de que fuera remitido a la Presidencia de la República. Podría propiciar que esa sanción al grupo de Berlusconi quedara suspendida.
